La familia gitana que denunció haber vivido un episodio racista en Catadau, después de que se les pidiese por las entradas de la piscina municipal el doble del precio que al resto de los asistentes que entraban en aquel momento, no ha aceptado la versión del consistorio, recogida ayer por Levante-EMV, que defendía que aquel día se les cobraba 4 euros a todos los asistentes que no eran vecinos de la localidad. Pamela Moreno y Lucas Hernández consideran inverosimil esa justificación dado que en ningún momento se les pidió la documentación ni se les preguntó de dónde eran, y valoraron la versión ofrecida por el ayuntamiento como «una mentira» que se «está usando para justificarse», en palabras de Pamela Moreno.
«Simplemente», añadió Pamela, «queremos que despidan al recepcionista que nos atendió». Es la única reivindicación que señalan tener, y la mantienen desde el mismo día de los hechos. Así lo hicieron notar también en la hoja de reclamaciones que presentaron en el consistorio unos días más tarde. El ayuntamiento de Catadau, no obstante, se escuda en su versión y no muestra intención de tramitar ningún expediente al empleado municipal. El alcalde, a día de ayer, tampoco había hablado con la pareja.
Un caso sin recorrido judicial
Por otro lado, Pamela y Lucas han puesto ya su caso en manos de la Fundación Secretariado Gitano, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de ayudar y asesorar a personas de la etnia. Será a partir de hoy cuando Pamela y Lucas acudan al lugar con la documentación que tramitaron en el ayuntamiento de Catadau, aunque según relataron ayer miembros del colectivo a Levante-EMV, el caso no tendrá mucho más recorrido. «Hicieron bien al poner la hoja de reclamaciones. De confirmarse, se trata de una infracción administrativa. Como no les denegaron el acceso, no ha sido un delito, así que no cabe hacer ninguna denuncia», explicaron miembros de la ONG.
A pesar del poco recorrido legal que pueda tener, consideran que el incidente fue un «atentado contra los derechos» de la familia, según definieron. Es por ello que se ofrecieron directamente a la familia cuando tuvieron conocimiento de lo ocurrido, a partir de lo publicado por este periódico. «Actuamos de oficio ante situaciones de este tipo, aunque siempre que las víctimas lo consideren así», añadieron.
«El objetivo es que incidentes como estos no sigan pasando, afectan a la igualdad y dignidad de las personas. No queremos que vuelva a pasar», relataron sobre la Defensa de Derechos, uno de los ejes de la acción de la Fundación Secretariado Gitano y área que se ha puesto en contacto, en este caso, con Pamela y Lucas para tratar su caso. La Fundación Secretariado Gitano se dedica tanto a la lucha activa contra cualquier tipo de discriminación, como a la promoción del éxito escolar y del acceso al empleo entre las personas de la etnia.
