El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana (Icofcv) ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de l'Alcúdia que, al amparo de una licencia municipal, «en un centro deportivo de la localidad se están ofreciendo y publicitando servicios sanitarios propios de los fisioterapeutas por personas y entidades que no están amparadas por la ley y que carecen de la capacitación necesaria, lo que conlleva graves y nefastas consecuencias para la salud de los posibles vecinos que puedan acudir para ser tratados».
En concreto, le ha comunicado que en dicho centro se ofrecen tratamientos de rehabilitación para descarga de piernas, contracturas, fascitis, codo de tenista o rotadores (entre otros múltiples posibilidades), así como servicios de rehabilitación de operaciones, a domicilio geriátrica, de ictus, electroestimulación deportiva, recuperación de lesiones, vendajes neuromusculares y separación de fascias, entre otros. «En dicho centro presta sus servicios JMM, quien se describe como entrenador personal, masajista deportivo, dietista y nutricionista y quiropráctico. Es decir, están siendo prestados actos con finalidad sanitaria propios de la fisioterapia por quien no es fisioterapeuta y en un centro abierto sin la correspondiente licencia sanitaria», argumenta la asociación para denunciar la situación.
El colegio, que conoció la irregularidad tras recibir varias quejas de ciudadanos y de colegiados, ha recordado al Ayuntamiento de l'Alcúdia que de acuerdo a la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana corresponde a los municipios, en el ámbito de sus competencias, imponer sanciones por la comisión de infracciones leves y graves en este ámbito así como adoptar las medidas especiales que procedan. El Icofcv ha solicitado al consistorio que compruebe la información facilitada al respecto, la cual muestra lo denunciado, y que actúe para parar de manera inmediata las actividades notificadas y, en su caso, que abra el oportuno expediente sancionador.
Retirar la publicidad
Además, el colegio de fisioterapeutas ha requerido al ayuntamiento que, como medida cautelar, «retire toda la publicidad del centro que pueda inducir a confusión a la ciudadanía y que tenga al Icofcv como interesado y parte en el expediente administrativo que pueda derivarse».
