Mantener correctamente los niveles acústicos es uno de esos problemas que se escapa a la inmensa mayoría de los municipios. Los vecinos más tranquilos tienen que sufrir el malestar que producen aquellos más desconsiderados. Es el caso de un residente de Benifaió, que elevó hasta en dos ocasiones, las molestias que genera un salón de bodas situado en una céntrica calle de la localidad al Síndic de Greuges. El defensor del pueblo valenciano instó al ayuntamiento a adoptar todas las medidas legales que estén en su mano «para evitar las molestias acústicas que está soportando injustamente el autor de la queja».
Según recoge la recomendación del Síndic, un vecino de Benifaió presentó dos escritos (uno el 17 de diciembre del pasado año y otro el 7 de mayor del actual ejercicio) en los que denunciaba «las insoportables molestias acústicas que soporta injustamente en su vivienda, sin haber obtenido ninguna respuesta hasta el momento».
El afectado explicaba, en los siguientes términos, la situación: «Cada vez que se realiza un evento en el salón se organiza un tumulto de personas antes del inicio, durante el mismo, y una vez acabo el mismo invadiéndose la acera e incluso la calzada. Gritos, el sonido que sale de la propia sala, se bebe en la vía pública hasta altas horas de la madrugada. Molestias agravadas desde la colocación de un banco que coincide justo debajo de mi vivienda. Se ha convertido en punto habitual de reunión a cualquier hora, principalmente por la noche y sirve además de 'terraza' extendida del local colindante, donde se come, se bebe y se ensucia y se pone música. Si en alguna ocasión he mostrado mi malestar he sido insultado e incluso se han arrojado objetos a mi vivienda».
El ayuntamiento, por su parte, requirió al titular del establecimiento para que presentase una auditoría acústica. «No obstante, el autor de la queja insiste en que las molestias acústicas persisten», reconoce Ángel Luna en su escrito, en el que también subraya que las molestias acústicas «generan perniciosas consecuencias para la salud de las personas, afectando gravemente a su calidad de vida». «No nos cansamos de repetir que los Tribunales de Justicia vienen declarando con reiteración que los ruidos inciden perniciosamente sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.1 de la Constitución) y los derechos constitucionales a la protección de la salud (art. 43), a un medio ambiente adecuado (art. 45) y a una vivienda digna (art. 47), por lo que, resulta de todo punto ineludible su firme protección por parte de los poderes públicos», añade.
Asimismo, incide en que la ley vigente estabelece que, previa audiencia al interesado, «se podrá declarar la clausura y cierre del local, así como requerir la adopción de medidas correctoras que eviten las molestias». En esa línea, insta al consistorio a adoptar «todas las medidas previstas legalmente para evitar las molestias acústicas que está soportando injustamente el autor de la queja».
