La sentencia del Tribunal Supremo, no obstante, no representa un punto y final ya que, según explicó el abogado del Ayuntamiento de Montroi, hasta que no se disponga de un proyecto de urbanización no se pueden conocer las cargas que hay que asignar a cada propietario. «Va para largo», auguró, mientras estimaba que el trámite de ejecución de sentencia puede durar años. Miguel Maldonado indicó que en estos momentos resulta muy difícil «hacer números» y señaló que será en la fase de ejecución de sentencia cuando se concreten todas las cantidades, que también deberán contemplar los intereses. El letrado también adelantó que el ayuntamiento reclamará al exalcalde Javier Carrión cualquier cantidad que tenga que abonar por esta condena.
A falta de que se concrete el impacto económico, la sentencia del Supremo confirma las penas impuestas por la Audiencia de Valencia a los 16 implicados en este caso de corrupción urbanística en Montroi, consistente en la construcción y venta de viviendas en suelo no urbanizable. La sentencia impone al promotor, Guillermo Alba, dos años de prisión por un delito continuado de estafa en concurso con un delito contra la ordenación del territorio, e impone un año y diez meses al exalcalde Carrión como cooperador necesario. Entre los implicados figuran dos notarios y un Registrador de la Propiedad.
