El Ayuntamiento de Alzira, entonces gobernado por el PP y el PSICV, accedió en su día a adelantar el dinero para ejecutar sin interrupciones el proyecto de peatonalización de la Vila ya que el convenio suscrito con la Generalitat Valenciana para que financiara las obras difería los pagos durante cinco años, de 2007 a 2011, y dejaba precisamente para la última anualidad el grueso de la inversión: 1,5 millones de los 2,6 en que se había presupuestado el proyecto, sin contar la baja próxima al 25 % que se produjo en la licitación y que también se debía aplicar a la aportación de la Administración autonómica. La Generalitat incumplió el calendario de pagos prácticamente desde el primer día -«El Consell sólo ha pagado 92.000 de los 785.000 euros que prometió para la Vila», titulaba Levante-EMV el 2 de junio de 2010- y, una década después, todavía adeuda dinero de aquella actuación que se abrió al público en diciembre de 2010. Debe ni más ni menos que 201.349,48 euros.
El dato aparece en el informe que el concejal de Hacienda, Albert Furió, entregó el miércoles en el pleno, en respuesta a una petición del PP para conocer las deudas que la Generalitat mantiene con el ayuntamiento, que cifra en 4.175.237,03 euros la cantidad que el consistorio tiene pendiente de cobro de las diferentes consellerias. Furió admitió ayer que se trata de una cifra «importante», pero desgranó que el grueso corresponde a subvenciones del ejercicio 2019 «que están en proceso de justificación y es normal que no se hayan cobrado aún», apuntó, mientras que detallaba media docena de partidas que suman 459.766 euros que la Generalitat liquidará de forma inminente, lo que reducirá la deuda a 3,7 millones.
Albert Furió se mostró más preocupado por otras partidas que se arrastran de legislaturas anteriores y que, según dijo, el ayuntamiento reclama de forma retierada, al menos un par de veces al año, para evitar que prescriban. El caso más sangrante corresponde al proyecto de peatonalización de la Vila, una ayuda que, en base al listado del gobierno municipal,procedía de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía que dirigía Rafael Blasco y en la que estallaron casos de corrupción. Esta relación detalla que el ayuntamiento ha ingresado sólo 1.267.145,23 euros de 1.468.494,71 que tenía asignados en 2011, por lo que tiene pendiente de cobro más de 200.000 euros.
Otras deudas que se arrastran de legislaturas en las que gobernaba el PP son una subvención de 20.000 euros que otorgó en 2014 la Conselleria de Cultura para la restauración de la fachada del Convent de Santa Llúcia y, también del 2014, una ayuda de 1.954,21 euros que la Agència Valenciana de Turisme concedió para la tamborada.
La relación de deudas también incluye media docena de asignaciones de la Conselleria de Cultura correspondientes al año 2018, en algún caso a través de un plan bianual que se prolongaba hasta 2019 -por su importe destacan las destinadas a renovar la instalación eléctrica de los colegios Lluís Vives y Ausiàs March con 119.548,74 euros y 114.608,90, respectivamente-; cuatro subvenciones de un plan también bianual del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial para la mejora de infraestructuras en los polígonos de Abastos, Alzicoop, Río Verde, Camí de San Bernabé y Tisneres, de las que se ha cobrado sólo una mínima parte -valga como ejemplo que de una asignación de 312.000 euros para el sector del Mercado de Abastos sólo se han ingresado 7.800 euros- y también hay pendiente de cobro, en este caso en su totalidad, una ayuda de 77.300 ? de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.
Por lo que respecta a las deudas de 2019, destacan por su importe los 996.450 euros que la Conselleria de Bienestar Social debe de la subvención para centros de personas mayores dependientes. En este caso, de una asignación de 2,8 millones el ayuntamiento ha percibido más de 1,8.
Albert Furió comentó que la deuda en su conjunto es elevada pero reivindicó que, frente a mandatos anteriores, también ahora es mucho mayor la aportación de la Generalitat en el ámbito de los Servicios Sociales, ya que por ejemplo la Conselleria de Igualdad asumió la legislatura pasada las residencias, «y también es mayor el volumen de fondos que gestiona Idea» en materia de empleo y formación.
