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Consecuencias económicas de la pandemia

Consecuencias económicas de la pandemiaVicent M. Pastor

Cuando finalizó la 1ª Guerra Mundial, el economista británico John Maynard Keynes renunció a participar en la elaboración del tratado de Versalles. Este documento contenía las imposiciones para firmar la paz con Alemania, una serie de cláusulas con fuertes imposiciones de una Francia revanchista, con la complicidad de una Inglaterra dubitativa y otros países beligerantes. Todo ello hizo reflexionar al economista en el sentido de qué iba a traer muchos más perjuicios que las supuestas ventajas que los vencedores estimaban. Expresó sus críticas y discrepancia escribiendo el soberbio libro titulado “Las consecuencias económicas de la paz”.

La pandemia no es una guerra. Lo que estamos padeciendo, como esperamos todos, se acabará. No voy a explicar los temas clínicos, ni las consecuencias desde el punto de vista de la sanidad. Hay muchos comentaristas, autores y articulistas qué han explicado, algunos días la mayoría bien y algún que otro regular. Tambén han aparecido bulos. Y hasta un señor con el pelo alborotado, vestido conb jersey, en representación del Gobierno. Pero no es ese el motivo de este artículo.

Para corregir esta pandemia se ha reducido, la movilidad de la ciudadanía mediante su confinamiento y restricciones circulatorias. Otros países, Corea y Alemania, han optado por efectuar pruebas a la población y confinar a los positivos con mejores resultados. Se han cerrado también numerosas empresas, comercios, instituciones etcétera. Evidentemente ello ha hecho que las cifras de negocio de todos los implicados en esta medida se haya reducido enormemente. Por ello, ha habido una disminución de la circulación del dinero -lo que nosotros los economistas, llamamos en teoría monetaria la velocidad del dinero-, al ralentizarse la velocidad del dinero su derivada es el descenso de la masa monetaria. Por decirlo en otras palabras, la cantidad de dinero disponible es menor, bastante menor. A partir de ahí, de esta evidencia cuantificable, se desprenden una serie de problemas de liquidez que se van a enumerar seguidamente y cuya corrección es prioritario realizar.

La importante reducción de la liquidez va a situar a una gran cantidad de actores económicos, desde el punto de vista legal y financiero, en un estado de iliquidez. El agobio de la escasez de dinero -iliquidez- propicia la venta forzosa de activos (inmuebles, acciones, existencias, etc.), estos hechos ya están provocando una caída de precios de los bienes, basta con ver las acciones, el petróleo, etc. La caída generalizada del precio de los activos va a conducir a un estado de insolvencia. Este estado de iliquidez e insolvencia es el peor de los escenarios posibles. De no corregirse, y no flexibilizar las leyes que regulan estas situaciones, nos podemos encontrar con un número indeterminado todavía, pero que en todo caso será una cantidad muy importante la de empresas qué, con la ley en la mano, se verán en la tesitura de ir a un procedimiento de insolvencia, es decir un concurso de acreedores. La destrucción de puestos de trabajo y el empobrecimiento puede superar, me atrevo a decir, a la crisis 2007/2008.

El pasado miércoles 17 de marzo se publicó el Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Los objetivos económicos del Gobierno son tres:

1. Vulnerabilidad. Ayudas por valor de 600 millones.

2. Expedientes temporales por causa de fuerza mayor, que para las empresas que no despidan no pagarán la Seguridad Social.

3. Problemas temporales de liquidez de las empresas. Avales para empresas por valor de 100.000 millones, según el Estado supone movilizar entre 150.000 y 200.000 millones.

El tercer punto es donde tengo mis serias dudas y es causa del presente artículo. Endeudar más a las empresas no será lo adecuado, en mi opinión. ¿Llegará a tiempo el crédito? Conociendo la burocracia de este país, tampoco. O lo que es peor, llegará como siempre a los poderosos, a los grandes: los lobistas. La política económica convencional no sirve para una nación con 1,2 billones de deuda, un gobierno débil y una forma de Gobierno, la monarquía, cuestionada por una, cada vez mayor, parte de la ciudadanía harta de escándalos y actuaciones poco edificantes.

Otra política económica es posible, una administración eficiente es necesaria y una gobernanza transparente y honrada también. Caiga quien caiga o a confesarnos, para que nos pille Dios así: confesados.

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