Hace casi cinco meses, el Diari Oficial de la Generalitat publicaba la convocatoria de las ayudas destinadas a incentivar y fomentar la prestación de servicios bancarios básicos a través de la instalación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos. La propuesta fue muy bien recibida por una comarca como la Ribera, donde hay municipios que han perdido sus servicios bancarios, total o parcialmente durante los últimos años. Es el caso de Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Benicull, Beneixida, Benimuslem, Favara, Fortaleny, Gavarda o Llaurí. Otros, como Cotes o Sellent, jamás han tenido una sucursal en su municipio.
La Generalitat había distribuido en cuatro lotes los 124 pueblos que solicitaron en su momento ser beneficiarios de este programa. Entre ellos figuraban Beneixida, Benicull, Benimuslem, Cotes, Llaurí, Sant Joanet, Sellent, Senyera y la entidad local menor del Mareny de Barraquetes. La crisis sanitaria ha acabado con sus aspiraciones, ya que el gobierno valenciano ha suprimido la convocatoria para reunir más fondos para hacer frente a la alerta sanitaria. En la resolución, no obstante, se asegura que a fecha 13 de julio no se había presentado ninguna solicitud por lo que «no existe perjuicio para terceras personas o entidades». Una afirmación que no se corresponde con la realidad de estos municipios.
«Se debe recuperar»
La cancelación supone un jarro de agua fría, especialmente para las dos localidades que por primera vez iban a contar con servicio bancario. Con todo, la comprensión se impone a la decepción. «No vamos a negar que contar con estos servicios habría supuesto un salto de calidad para nuestro municipio», manifiesta la alcaldesa de Cotes, Rosa Emilia Lorente, que prosigue: «Entendemos perfectamente en qué situación nos encontramos y que el dinero se necesita para otras cuestiones más urgentes y prioritarias. Además, contar con un cajero no va hacer que de repente venga a vivir más gente, aunque sería de gran ayuda». Los vecinos de esta localidad deben desplazarse a las vecinas localidades de Càrcer o Alcàntera, que entre ambas suman tres sucursales.
Un razonamiento muy similar al que esgrime la alcaldesa de Sellent, Raquel Sancho: «El dinero ahora se necesita para cosas muy importantes, pero no hay que descuidar la despoblación porque es un problema que sufrimos desde hace mucho tiempo. Contar con esta subvención era una alegría, por fin veíamos que podríamos implantar un servicio muy importante, pero cuando nos enteramos fue un golpe duro Esperemos que, cuando se pueda, se vuelva a convocar esta ayuda».
No obstante, son los vecinos los que ven se muestran más pesimistas. No contar con una sucursal en localidades pequeñas y de población envejecida es un obstáculo para las personas mayores, que desconfían de las tarjetas y no se relacionan fácilmente con la tecnología. Necesitan actualizar la cartilla, comprobar el ingreso periódico de sus pensiones y sacar dinero para pagar la compra en efectivo. Por eso se sienten «desamparados» y creen que se acabarán «convirtiendo en pueblos fantasma». Los negocios se ven encaminados al cierre e, incluso, los nuevos vecinos que llegan no ven los suficientemente cerca la hora de marcharse a un municipio mayor. Desolador.
