La Fiscalía investiga la gestión municipal de Francisco Ordiñana al frente del Ayuntamiento de l'Ènova al detectar presuntas irregularidades en el proceso de desarrollo de la urbanización de La Besana, cuyas obras están paralizadas desde 2008. Una diferencia de casi un millón de euros entre el dinero recaudado por el consistorio y el marcado por el convenio con el promotor inicial es uno de los hechos que suscita más dudas.
La investigación tiene su origen en una demanda de hace un lustro. Ya con Tomás Giner como alcalde, su ejecutivo tuvo que hacer frente a un contencioso relacionado con la urbanización. Al intentar recabar toda la información al respecto para preparar la defensa, se percataron de la escasa documentación que existía. Durante este proceso fueron conscientes, además, de la existencia de ciertas irregularidades.
Lejos de dejar olvidado el caso en un cajón, el ejecutivo realiza un ejercicio de responsabilidad y decide recopilar toda la información existente para presentarla al Tribunal de Cuentas. Éste abrió una investigación contra el exalcalde Ordiñana y los servicios técnicos municipales. El veredicto resultaría un alivio para los antiguos gestores del consistorio: pese a que se detectaron algunas irregularidades, todas ellas habían prescrito. Además, no se encontró ningún delito de alcance contable.
Renuncia a las parcelas
No obstante, ese desahogo duró relativamente poco. La Fiscalía abrió de oficio una investigación para esclarecer las supuestas irregularidades relacionadas con la gestión de este desarrollo urbanístico. El caso sigue abierto, pero en el momento de su incoación se consideraba que podría existir un delito de malversación de caudales públicos. Puso la lupa sobre Ordiñana, pero también se interesó por las actuaciones del arquitecto y del secretario municipal, a quienes ha practicado los correspondientes interrogatorios.
El primer convenio entre el ayuntamiento y el agente urbanizador está plagado de puntos que, según detallaron fuentes municipales a Levante-EMV, «huelen mal». Por ejemplo, el ayuntamiento reflejaba en el documento que renunciaba a quedarse en propiedad el 10 % de las parcelas a urbanizar, como establece la ley. La duda que genera este hecho parece razonable ya que se tendría que explicar por qué se rehusa dicho derecho y si se realiza a cambio de algún tipo de contraprestación.
Además de perder una porción del terreno que debería tener, el consistorio también se quedó, aparentemente, sin una parte del dinero que le correspondía por la venta de las parcelas municipales sobre las que se edificarían viviendas. Según las mismas fuentes, en una valoración previa al desarrollo del proyecto urbanístico se estimó que el terreno, de unos 74.000 m2, costaría alrededor de 3,2 millones de euros. Una cifra que cayó hasta los 2,5 con los que se cerraría el trato, a razón de unos 33 euros por metro cuadrado. «Un valor que el arquitecto, sin base alguna, establece tal que así», apostillaron.
La depreciación es considerable, pero el problema viene después. De esos dos millones y medio de euros, el ayuntamiento dejó de ingresar 945.000. Un hecho defendido por los antiguos gestores como una compensación para que el promotor únicamente pagase por los terrenos que realmente podría edificar y restarle lo que se consideraba una parte relativa a espacios que finalmente serían municipales, como es el caso de las calles.
El caso sigue abierto aunque, como muchos otros trámites relacionados con la administración o la justicia, se ha visto ralentizado a causa de la crisis sanitaria, por lo que esta y otras cuestiones son todavía fruto de una investigación judicial.
