«No sé si será legal o no que todavía estén reclamando créditos de la pantanada, pero un delito de asesinato prescribe como mucho a los 25 años y no entiendo como estos préstamos no han prescrito pasados ya 38». La reflexión la realiza el presidente de Afiva, una de las principales asociaciones de damnificados de Tous, ya disuelta, y líder del movimiento que agrupó a los afectados, Xavier Sierra, al tener conocimiento por Levante-EMV de que la Audiencia Provincial de València ha fallado a favor del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en al menos tres demandas que reclamaban el pago de créditos concertados en los años 1982 y 1983 al considerar que las deudas no han prescrito y que no hay un retraso desleal en las reclamaciones.
«Me siento engañado por los políticos, los pactos están para cumplirlos -incidió Sierra mientras recordaba el principio «pacta sunt servanda»- y el Estado, representado por el delegado del Gobierno de la época, convino con nosotros que los préstamos se condonaran por lo que no entiendo cómo hay todavía algunos que están así», incidió.
La Audiencia de València, como adelantó el domingo este periódico, ha dictado al menos tres resoluciones que condenan a los damnificados a abonar préstamos concertados para rehacer sus vidas tras las inundaciones del 20 de octubre de 1982 -hoy se cumplen exactamente 38 años-, en un caso tras revocar una sentencia del juzgado de primera instancia número 2 de Alzira que había fallado a favor del afectado en base a la doctrina del retraso desleal en la reclamación, mientras que en los otros dos confirmando resoluciones del juzgado número 21 de València y del número 5 de Alzira. Esta última resolución exoneraba del pago de una parte de los intereses que exigía el ICO, pero no del capital principal.
Condonación
Xavier Sierra recordó que Afiva y Apemeda, las dos grandes asociaciones de damnificados que trabajaban de forma conjunta, únicamente aceptaron firmar el último decreto-ley que se negoció con el Gobierno al contemplar la condonación de préstamos para todos los damnificados que se cogieron. «Nosotros buscábamos una sentencia, pero hubo un momento en que la gente estaba tan desesperada por los préstamos y, encima, nos metieron infiltrados en las asociaciones, que se creó una corriente a favor de firmar un acuerdo», relató Sierra, que se mostró convencido de que si no hubiera estado la losa de los préstamos «hubiéramos aguantado» a la espera de una sentencia que, se muestra convencido, «les hubiera salido más cara». Sierra dijo desconocer si damnificados que no estaban en las asociaciones no se habían acogido a ese decreto, pero no dudó en subrayar su decepción. «Me siento engañado, los políticos no dudan en mentir y decir lo que haga falta para solucionar sus problemas y éste era un tema que les molestaba aunque, como se está viendo, no está acabado».
El Instituto de Crédito Oficial, que en su día asumió los activos de otras entidades de crédito oficial, ha recurrido otras tres sentencias de los juzgados de Alzira que dan la razón a los damnificados en sus reclamaciones de préstamo de hace ya 38 años.
Sierra denuncia la falta de obras de defensa
Xavier Sierra se mostró muy crítico con la clase política en su conjunto y dijo no comprender la falta de inversiones para proteger la Ribera frente a inundaciones pese a los diferentes planes de defensa o el deficiente funcionamiento de la presa de Bellús durante 25 años. «Se construyó como una presa para laminar avenidas y se ha visto que nunca ha cumplido su finalidad», indicó el expresidente de Afiva en referencia a que, hasta ahora, Bellús tenía limitada la capacidad de embalse a 29 hm3 cuando su aforo es de 69 para evitar que el agua alcanzara el terraplén que soporta la vía del tren, lo que provocaba que se abrieran las compuertas para desaguar sin llegar siquiera al 50 %. Los caudales de Bellús llegan a La Ribera por el río Albaida.
«Queda además pendiente la presa que se debía construir para regular el río Sellent y la proyectada en el Magro, hay un montón de obras que 38 años después siguen sin hacerse cuando han tenido tiempo y dinero para ello», indicó el líder de los damnificados de Tous, que considera que existen motivos más que suficientes para que en la Ribera se levante un movimiento social reclamando todas estas inversiones.
Sobre las declaraciones del Comisario de Aguas, que advirtió de que muchas de las propuestas que contemplaban los planes de defensa contra inundaciones han quedado desfasadas ante la necesidad de evaluar la relación coste-beneficio de cada inversión, Sierra defendió que puede ser un buen criterio para evitar «obras faraónicas» aunque advirtió de que si bien es un planteamiento habitual en cualquier empresa, no se puede aplicar en este caso: «Hay que plantearlo desde un perspectiva mucho más amplia porque no se trata de una empresa. Habría que tener en cuenta cómo se valora la seguridad de las personas, el coste de que alguna empresa decida no instalarse en Alzira por temor a una inundación o, sobre todo, qué vale la vida de las personas», dijo.
