La ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Alzira para intentar frenar la expansión del mosquito tigre, que contempla sanciones de hasta 3.000 euros en caso de incumplimientos muy graves, entrará en vigor este mes de noviembre. La fase de exposición pública de este articulado se cerró el lunes sin que se hayan presentado alegaciones que puedan modificar su contenido, por lo que será efectivo en cuestión de semanas, una vez se agote el plazo de 15 días tras la inminente publicación en el diario oficial que elevará a definitiva lo que hasta ahora era una aprobación inicial.
Si bien la ordenanza regula las precauciones que cualquier vecino debe tener en su vivienda o chalé para evitar focos de mosquito tigre, la concejal de Sanidad, Gemma Alós, ha incidido en que «nadie va entrar en una casa a comprobar si está todo en condiciones o hay un plato con agua, no es ese el objetivo de la ordenanza, está pensada para casos extremos, un solar abandonado, casas medio derruidas... porque eso sí afecta al resto de los vecinos», indicó Alós. La edil recordó que el mosquito tigre vuela «muy pocos metros» por lo que aquellos usuarios que no tengan la precaución de evitar focos de cría en patios, terrazas u otras zonas de sus viviendas serán los principales afectados. «Un plato con agua en una casa puede ser un foco, pero no es lo mismo que un solar», incidió Alós, al tiempo que subrayaba que la ordenanza no tiene una finalidad recaudatoria.
Pocas quejas este verano
La ordenanza entra en vigor en un otoño marcado hasta ahora por las elevadas temperaturas y tras un verano en el que, según apuntó Gemma Alós, se han recibido «muy pocas quejas» por los efectos de esta molesta plaga. «Estamos satisfechos porque las actuaciones extraordinarias que se realizaron el año pasado cuando la situación se descontroló, se han incorporado este año al calendario de la empresa que lleva el servicio», detalló mientras, por otra parte, destacaba que la fumigación aérea contra la mosca negra realizada a finales de mayo resultó muy efectiva. La molesta mordedura de este insecto y las heridas que provoca son otro motivo de queja por parte de los afectados cuando la plaga está activa.
Alzira se convirtió en julio en el primer municipio de la Ribera en aprobar una ordenanza para el control del mosquito tigre, siguiendo los pasos del Ayuntamiento de València, que con anterioridad había decidido regular las obligaciones de los ciudadanos para poder combatir esta plaga. El procedimiento administrativo que toda ordenanza debe seguir -publicación en el diario oficial, exposición pública, aprobación definitiva...- antes de su entrada en vigor se completará finalmente en noviembre.
Como ya informó Levante-EMV, la ordenanza pretende involucrar a los vecinos en la lucha contra un insecto que, además de provocar molestas picaduras, es capaz de transmitir enfermedades, por lo que establece una serie de pautas que todos deberían seguir en sus propiedades, ya sean urbanas o rurales, para evitar los focos de cría del mosquito tigre que favorecen su propagación.
El apartado sancionador de la ordenanza regula multas que, en el caso de las infracciones tipificadas como leves, pueden oscilar entre 25 y 750 euros; las graves pueden alcanzar los 1.500 euros mientras que, en el caso de las muy graves, podrán dar lugar a sanciones de hasta 3.000 euros.
La necesaria corresponsabilidad de los ciudadanos frente a la plaga
El texto destaca la facilidad que tiene el mosquito tigre para adaptarse al entorno urbano y cómo suele depositar sus huevos en el interior de pequeños recipientes con agua estancada, ya sean macetas, cubos o neumáticos en los que se acumula tras un episodio de lluvia. La ordenanza destaca que los trabajos de control y tratamiento de las masas de agua pública no son suficientes sin la colaboración de los vecinos, ya que los focos de cría en espacios privados son responsabilidad de los propietarios. El articulado emplaza a los vecinos a evitar el abandono de objetos que puedan ser susceptibles de acumular agua y favorecer la reproducción del mosquito tigre y, por otra parte, les requiere para que revisen dos veces por semana aquellos elementos que no se puedan voltear o retirar y en los que se pueda acumular agua. Otra de las medidas que regula es la obligación de tapar aquellos elementos que se encuentren a la intemperie y en los que sea necesario acumular agua.
