Tras un primer varapalo judicial, la justicia se ha puesto del lado de la empresa Áridos Romafe, encargada de la explotación de la polémica cantera de Corbera. El TSJ ha declarado contrario a derecho y anulado la resolución 6/2018, de 19 de enero de 2018, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Corbera, por la que no se concedía la prórroga de la licencia de obras para su restauración.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de València rechazó en 2019 el recurso de la mercantil, que apeló nuevamente ante la justicia. En su defensa, se alegaba que la sentencia «incurría en errores de hecho y de derecho», por lo que debía anularse, así como la resolución municipal fruto del conflicto. En ese sentido, señalaba la «incongruencia» de ésta ya que «se pidió la licencia ambiental y el ayuntamiento resolvió denegando la prórroga de una licencia de obras, prórroga que no le fue solicitada». Asimismo, la empresa que durante años ha explotado la cantera de Corbera sostenía que el alcalde, por aquel entonces Jordi Vicedo, «tomó unilateral y directamente la decisión impugnada sin pedir informes técnicos y jurídicos pertinentes».
Según se extrae de la sentencia, a finales de 2017, la empresa «presentó por escrito al ayuntamiento haciendo referencia a la licencia municipal de obra obtenida en 2004 (...) por periodo de 8 años, prorrogada por resolución de Alcaldía 174/2014, y nuevamente por resolución 206/2015 (...) y terminó por solicitar que se le concediera la licencia ambiental para finalizar los trabajos de restauración». El mismo documento judicial recoge que Vicedo respondió que la restauración ya debería haber finalizado pero que, no obstante, debía presentar una serie de documentos para estudiar la posibilidad de la prórroga. Asimismo, explicó a la empresa que, en caso de no concederse la nueva licencia de obras no podría proseguir con los trabajos de restauración. La conclusión del proceso es la ya sabida y que dinamitó el conflicto entre consistorio y empresa: la resolución denegó la prórroga y decretó la paralización de los trabajos por carecer de licencia.
«Pagos ilícitos»
Pese a que la propia sentencia detalla dicho procedimiento en esos términos, los jueces estimaron que dicha resolución «no fue ajustada a derecho» porque «al requerimiento del Alcalde le faltó indicar algo tan elemental conectado con el principio de seguridad jurídica como la advertencia de la consecuencia que acarrearía el transcurso del plazo de diez días sin acompañar el proyecto o plan de restauración». El otro motivo que se apela es que dicha decisión «debió adoptarse solo después de ser ilustrado en los aspectos técnicos y jurídicos que indudablemente suscitaba la solicitud».
Fuentes de la empresa recordaron, además, que tras aquella decisión se promovió una querella contra el ya exalcalde Vicedo y la secretaria del ayuntamiento por presuntos delitos de prevaricación y exacciones. En ese sentido, insistió en que el consistorio le exigió, en diversas ocasiones, «pagos ilícitos» para obtener la ansiada prórroga de la licencia y que, ante la negativa del pago, fue cuando el alcalde dictó la orden de paralización.
Vicedo minimiza el alcance: «Esto no quiere decir que puedan ejercer su actividad»
El exalcalde de Corbera y ahora edil de Urbanismo, Jordi Vicedo, minimizó el alcance de lo que podría parecer una victoria de la empresa, en un primera valoración del fallo: «La sentencia puede anular la resolución, pero eso no quiere decir que la empresa tenga derecho a ejercer su actividad. De hecho, no cumple los requisitos para tener una licencia de actividad».
