El Ayuntamiento de Alzira tiene previsto desestimar en el pleno que la corporación celebra esta tarde una reclamación por enriquecimiento injusto formulada por el urbanizador del área residencial El Racó -en junio se cumplirán veinte años de la adjudicación del PAI a la mercantil Ecovi-, que estima en casi un millón de euros el importe que debería compensar el consistorio en base a dos conceptos: las cuotas de urbanización como propietario de un 10 % del PAI, que la reclamación cifra en 436.000 euros, y la fianza incautada en su día por importe de 544.993 euros.
El gobierno municipal rechazará esta petición en el mismo pleno en que dará curso al cumplimiento de la sentencia ganada por el promotor del PAI frustrado de la Garrofera, al que el consistorio debe devolver el importe de la fianza incautada, 860.000 euros, como ayer adelantó en exclusiva Levante-EMV.
No obstante, el caso del Racó es diferente y el propio gobierno municipal se muestra más optimista en el caso de que también derivara en un nuevo pleito ya que los 544.000 euros requisados del aval se destinaron a ampliar los accesos a la urbanización -se tuvo que ampliar con fondos municipales esa cantidad- e incluso el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de València validó en 2018 el acuerdo por el que se ordenó la inautación de esta fianza en una sentencia que, según resumen los técnicos municipales, reconocía expresamente que la cuenta definitiva del programa compensó deudas y créditos que pudieron ser impugnados por la mercantil Ecovi y no lo hizo.
La urbanizadora ha recurrido ahora a esta acción por enriquecimiento injusto que el ayuntamiento se dispone a desestimar ya que el informe de los servicios jurídicos municipales deja claro que no concurren los requisitos que la jurisprudencia exige para reconocer que esta circunstancia se ha producido.
Fuera de plazo
Los abogados cimentan esta conclusión en una serie de argumentos como la existencia de una relación contractual entre las partes para acometer esta urbanización de El Racó, que descartaría de entrada la posibilidad de ampararse en esta figura. Por otra parte, también argumentan que la empresa alega «pero no prueba» que se haya producido ese enriquecimiento injusto y, en consecuencia, «el empobrecimiento de la mercantil», y señala en última instancia que la urbanizadora no utilizó cuando debía los medios que en forma de recursos que tenía a su alcance para defender sus intereses.
El Ayuntamiento de Alzira, por otra parte, también entiende que el plazo para poder interponer esta reclamación ha vencido al haber transcurrido cinco años desde que podía exigirse el cumplimiento de la obligación.
La sentencia que obliga al Ayuntamiento de Alzira a devolver los 860.000 euros de la fianza incautada al promotor del PAI que proyectaba la construcción de 3.000 casas y un campo de golf en la Garrofera, un programa que se acabó anulando, limitará considerablemente las perspectivas de inversión del gobierno municipal en 2021. De hecho, el importe representa un 17,3 % de los casi cinco millones de euros que la coalición de gobierno Compromís-PSOE tiene previsto liberar esta tarde tras flexibilizar el Gobierno las limitaciones que imponía la Ley Montoro, que impedía a las administraciones locales utilizar el remanente positivo de años anteriores. El cumplimiento de esta sentencia es uno de los principales capítulos de la modificación de crédito que el gobierno municipal aprobará en el pleno para destinar 4,9 millones del remanente de tesorería a inversiones y servicios sociales.
Como ayer adelantó Levante-EMV, el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso municipal y confirmado la sentencia de primera instancia que obliga al ayuntamiento a devolver la fianza que incautó a la urbanizadora Cuatre Carreres con la pretensión de compensar los gastos generados tras atribuir a un incumplimiento de sus obligaciones que el PAI no se hubiera llegado a aprobar.
La sala considera que el acuerdo por el que se requisó el aval debía concretar la estimación de daños y perjuicios sufridos, algo que no hizo el ayuntamiento, que seis años después de haber gastado el dinero -el gobierno del PP que gestionó la incautación detalló en una rueda de prensa el destino de los fondos- deberá devolverlo.
El 20 % de la inversión para pagar a la constructora
La devolución del aval del PAI frustrado representa casi una quinta parte del superávit que hoy se libera para 2021
pascual fandos. alzira
