La empresa Propamsa reclamará responsabilidades a las administraciones públicas al verse involucrada en una antigua rivalidad entre pueblos y obligada a derruir su industria del polígono de Guadassuar tras la denuncia del Ayuntamiento de l’Alcúdia. Con todo, fuentes de la empresa manifestaron a Levante-EMV su voluntad de agotar la vía del diálogo para evitar lo que supondría una pérdida económica y laboral.
Por el momento, la empresa ha recibido la notificación de que el consistorio alcudiano ha reclamado la ejecución de la sentencia del TSJ que ordena la clausura del complejo fabril. Con todo, el juzgado no ha trasladado la petición a la empresa ni al Ayuntamiento de Guadassuar, que podrían presentar alegaciones. Incluso se podría recurrir el nuevo auto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, lo que alargaría un conflicto que se inició con la demanda del Ayuntamiento de l’Alcúdia hace más de una década, el tiempo que lleva allí instalada la empresa.
«Propamsa va a mantener como hasta ahora una actitud de cooperación positiva para solucionar esta situación con las administraciones públicas involucradas. No obstante, la empresa ya se reservó y se reserva el derecho a reclamar posibles responsabilidades si es necesario», confirmaron fuentes de la mercantil.
Asimismo, recalcaron que sobre la falta de realización de la evaluación de impacto ambiental alegada, «la propia sentencia del TSJ concluye que, por la tipología de actividad y por aplicación de la ley de impacto ambiental valenciana, la actividad no requería pasar el trámite de evaluación de impacto ambiental».
El argumento utilizado por el consistorio alcudiano radica en la proximidad de la industria a la pedanía de Montortal, una cuestión que la empresa no considera determinante en base al proceso administrativo seguido y la actividad que ejerce. «La actividad que Propamsa llevada a cabo en Guadassuar no es la fabricación de cemento, sino que nuestra labor se centra en la manipulación y transformación de morteros para construcción. No cabe enmarcarla en el grupo de actividades peligrosas ni calificarla como tal, dado que para su desarrollo tan solo se precisa una licencia ambiental», argumentaron las mismas fuentes, que prosiguieron: «La manipulación y transformación de morteros para construcción no constituye actividad peligrosa. Los informes técnicos aportados durante la tramitación de la licencia evidencian que la instalación cuenta con todas las medidas de seguridad en cuanto a emisiones de gases, ruidos, humos o polvo. Además, en todo este tiempo no se nos ha abierto expediente sancionador alguno por nuestra actividad ».
Licencias a caballo de un cambio normativo
Los tiempos son muy importantes en todo proceso judicial. Propamsa no ha tenido mucha suerte en este aspecto. «La sentencia del TSJ aplica un regimen de distancias previsto en un reglamento de 1961 que dejó de aplicarse tres meses antes de solicitar nosotros la licencia y ya no está vigente», expone la mercantil, que añade: «Además, el ayuntamiento insta a la ejecución el mismo día en el que prescribe el plazo de cinco años».
