La Covid-19 ha contribuido a dar visibilidad a los déficits de calidad de nuestras viviendas. La OMS ha puesto de manifiesto que la dificultad o costo elevado en calentar el hogar afectan a la salud respiratoria y cardiovascular. Y en términos semejantes se manifiesta sobre las altas temperaturas interiores. En definitiva, las malas condiciones habitacionales son uno de los mecanismos a través de los cuales las desigualdades sociales y ambientales se traducen en inequidades sanitarias.
Según el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, más de 10 millones de viviendas presentan necesidades de rehabilitación. Si combinamos los indicadores básicos que proporciona Eurostat sobre las condiciones de la vivienda en España, sólo en seis de los veintisiete países de la Unión Europea estas condiciones se estiman peores. Nuestra tasa de rehabilitación anual es de un 0,11% mientras que en Europa se rehabilita un porcentaje que multiplica entre 10 y 20 veces esta tasa. Estas cifras evidencian que partimos de una situación de evidente inferioridad: España rehabilitaba a razón de 30.000 viviendas anuales. Si pretendemos entrar en las nuevas demandas y exigencias de rehabilitación precisamos aumentar esta velocidad en un 500 % para alcanzar los objetivos del ya aprobado plan para construir 500.000 viviendas en tres años.
Al imperativo constitucional de una vivienda digna, la emergencia de la inequidad sanitaria y la parsimoniosa renovación del parque de viviendas hay que añadir los argumentos que provienen de la emergencia climática. Los edificios son el primer contaminante del planeta, responsables del 40 % del consumo de energía y del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión Europea reconocía que la situación actual no es sostenible y, por tanto, ha aprobado la estrategia Oleada de Renovación que aspira a duplicar la tasa de rehabilitaciones en la próxima década para responder a la urgencia climática, impulsar la recuperación y reducir la pobreza energética.
Finalmente, —pero no por ello menos importante— debemos aprovechar esta importante contribución de ayuda para mitigar el desempleo, ya que este sector precisa mayor proporción de mano de obra que la construcción de obra nueva, lo cual justifica una discriminación positiva a favor de la primera. Por todos los argumentos anteriores, parece congruente la decisión del gobierno de otorgar un notable protagonismo al sector, concretado en 5.800 millones para Planes de Rehabilitación, de los que un 70 % de ellos se destinan para vivienda.
El importante reto que supone el desarrollo del ambicioso Plan de Recuperación se agranda tras haber estigmatizado la construcción tras la crisis de 2008: debemos recomponerla ágilmente y entenderla como un sector mucho más cualificado para poder superar con éxito las demandas de equidad, calidad arquitectónica, ahorro energético y uso de estrategias bioclimáticas. Para este desafío nuestro país cuenta con la inestimable colaboración de un abundante número de arquitectos muy cualificados—España es la tercera potencia de la UE— que posibilitarán una respuesta de calidad en el proyecto, la dirección de las obras y la tramitación de las ayudas. Sí, la pandemia nos alcanzó como un sunami, pero es una oportunidad que se nos brinda para revertir esta situación de inequidad, viviendas obsoletas y dejar a la próxima generación un verdadero legado: unas ciudades más justas y más saludables.
