La visita a Alzira de la delegada del Gobierno y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar en respuesta a la presión ejercida por el ayuntamiento y la Federación de Asociaciones de Vecinos para priorizar actuaciones que reduzcan la amenaza que representan los barrancos de la Casella y Barxeta no cumplió ayer las expectativas. Cierto es que Gloria Calero expresó con firmeza el compromiso del Gobierno de trabajar por minimizar los riesgos en zonas inundables, en este caso Alzira y la Ribera en su conjunto, aunque la hoja de ruta de la CHJ que acaba de adjudicar un estudio de alternativas que debe definir cinco proyectos que individualmente sean «viables y eficaces» y otros diez estudios piloto para reducir daños no prevé actuaciones a corto plazo. Sin calendario de obras ni compromisos de inversión, el portavoz de la federación de AA VV, Voro Pérez, no dudó en expresar su «decepción» al considerar que se repite la historia.
También el alcalde de Carcaixent, Paco Salom, apeló a la necesidad de «compatibilizar» las actuaciones de largo recorrido con otras puntuales que corrijan cuanto antes los principales riesgos. «El Xúquer nos preocupa, relativamente, pero el Barxeta nos preocupa muchísimo por Cogullada», llegó a señalar.
El presidente de la CHJ, Miguel Polo, defendió que, frente a las críticas a la inactividad por la sucesión de planes contra inundaciones en los últimos veinte años que no se han materializado en nada, la Confederación y el ministerio «no han parado de trabajar» y, tras señalar que en materia de infraestructuras hidráulicas cualquier intervención requiere de muchos años, décadas de trabajo, admitió que en el caso de las inundaciones del Xúquer «nos hemos visto superados por normativas europeas que en 2007 nos obligaron a empezar de cero» y cambiar el sistema de trabajo al imponer la elaboración un plan de gestión de riesgos o someter cualquier intervención a un análisis coste-beneficio.
Polo señaló que el hecho de que la empresa que realizará los estudios tenga un plazo de dos años para entregar el trabajo no implica que deba entregar todas las propuestas al final, aunque evitó señalar cualquier plazo. «Seguro que alguno de los proyectos lo tendremos antes y se podrá mandar al ministerio para que se inicie el expedediente de contratación de las obra». Miguel Polo asumió que la actuación en los barrancos de la Casella y Barxeta se tendrá en cuenta en estos trabajos, pero también dejó claro que la solución a barrancos periurbanos que se han visto afectados por obras de urbanización -una alusión clara a los torrentes de la cuenca este de Alzira que han provocado las últimas inundaciones- no corresponde tanto a la CHJ como al ayuntamiento. El grupo municipal de Ciudadanos expresó su preocupación al haberse concretado ninguna solución a corto o medio plazo.
Frente al escepticismo por el tiempo que se puede demorar cualquier inversión en los barrancos de la Casella o Barxeta, el presidente de la CHJ y la delegada del Gobierno dejaron dos anuncios de obras que mejorarán la seguridad de la Ribera frente a inundaciones.
Miguel Polo señaló, por una parte, que el ministerio licitará próximamente el proyecto de construcción de la presa de Montesa para regular las avenidas del Cànyoles, un afluente del río Albaida en el que confluye aguas abajo de la presa de Bellús y que en los últimos episodios de fuertes lluvias ha contribuido a su desbordamiento. Por otra parte, Gloria Calero recordó que esta misma semana el delegado de Relaciones Institucionales de Renfe y Coordinador del Plan de Cercanías en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, anunciaba una inversión de siete millones de euros para sustituir los terraplenes que sustentan la línea del ferrocarril Xàtiva-Alcoi por el interior de la presa de Bellús por viaductos para evitar los problemas que han impedido que Bellús funcionara a pleno rendimiento en su papel de laminadora de avenidas. El plan de gestión del embalse marcaba en 29 hectómetros cúbicos el límite de almacenamiento a pesar de que la presa se contruyó con una capacidad de 69 hm3 para evitar que las aguas anegaran los terraplenes de la línea férrea.
La inundación en enero de 2020 de la autovía A-7 por el desbordamiento del río Albaida marcó un punto de inflexión y el propio Polo, entonces como Comisarios de Aguas, dejó claro que en caso de necesidad Bellús superaría la barrera de 29 hm3.
