El Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso de apelación formalizado por los cinco concejales de Compromís en Almussafes y ha confirmado la legalidad del procedimiento seguido por el ayuntamiento para adquirir los terrenos destinados a la ampliación de la zona deportiva. El origen del litigio se remonta al 31 de julio de 2006. La corporación aprobó ese día en pleno la suscripción de seis convenios urbanísticos de cesión gratuita de suelo para la ampliación de la zona deportiva a cambio de otorgar a los titulares edificabilidad en la revisión del PGOU ya iniciada.
Una década después, el 3 de marzo de 2016, dado que la revisión del nuevo planeamiento todavía no había sido aprobada y que los propietarios habían reclamado una indemnización al no disponer del aprovechamiento de suelo determinado en los convenios, el pleno dejó sin efecto los mismos y aprobó la adquisición de las parcelas, comprometiendo un gasto plurianual durante el período 2016-2020 por importe de 895.334,15 euros. Este último acuerdo pleno fue recurrido por los cinco concejales de la oposición, que votaron en contra, si bien el recurso fue desestimado por el uzgado en enero de 2019 al considerar que no existía ninguna infracción. Los ediles impugnaron esta resolución y el TSJ HA desestimó la demanda formulada y confirmado la sentencia dictada.
El pleno ratificó el 31 de julio del año 2006 seis convenios urbanisticos de cesión gratuita de más de 10.000 m2 para ampliar la zona deportiva. Los propietarios de las fincas en las que se planeaba la segunda fase del equipamiento deportivo, suelo clasificado como no urbanizable común y destinado a equipamiento deportivo, iban a participar en la futura gestión del sector de suelo urbanizable residencial previsto en la revisión del PGOU, ya iniciada por el Ayuntamiento de Almussafes, gobernado en ese momento por el PSOE y con M.ª Ángeles Lorente como alcaldesa.
Este mecanismo urbanístico permitía que a las parcelas cedidas al ayuntamiento se les atribuyese un coeficiente de edificabilidad que computaría a efectos de la reparcelación de la zona contigua al polideportivo, es decir, se les adjudicaría una parcela edificable en el nuevo planeamiento.
El 3 de marzo de 2016, ya con Toni González como alcalde, dado que la revisión del PGOU del año 1994 todavía no había sido aprobada, el pleno dejó sin efecto los mismos y aprobó la compraventa de las parcelas. Este acuerdo dio lugar a un contencioso que solicitaba que se declarase la nulidad y que se condenase a devolver la propiedad de las parcelas y las cantidades percibidas por los dueños. Este fue desestimado por el juzgado y el TSJ ha confirmado esa resolución.
