El topónimo Castelló como forma exclusiva en valenciano de la antigua Villanueva de Castellón acaba de cumplir un año como denominación oficial, aunque el cambio aprobado por el pleno del Consell -la publicación del acuerdo en el BOE el 16 de octubre de 2020 marca la entrada en vigor del nombre actual- ha generado tres recursos contenciosos, el último por orden cronológico, el formalizado por el Ayuntamiento de Castelló de la Plana. «Estamos contestando a cada uno de los recursos y creo que tenemos suficientes argumentos y que el cambio está suficientemente documentado para salir airosos», comentó ayer el alcalde de Castelló, Òscar Noguera, mientras explicaba que, en esta ocasión, la Generalitat sí defiende sus propios acuerdos en base a las contestaciones ofrecidas en los procedimientos abiertos.
De hecho, el gobierno valenciano desestimó en diciembre un primer recurso del Ayuntamiento de Castelló de la Plana que pedía la revocación del nuevo topónimo de la localidad de la Ribera. La respuesta a esta alegación señalaba que la Acadèmia Valenciana de la Llengua, entidad encargada de fijar las normas de la toponimia valenciana, había dictaminado que se trataba de una denominación «correcta y adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico».
Esta impugnación era solo el primer paso, ya que el mismo acuerdo por el que la corporación que preside Amparo Marco decidió alegar contra el acuerdo del Consell contemplaba acudir al contencioso si la primera se desestimaba, un recurso que se completó el pasado verano tras con la aportación de la documentación recabada, según fuentes municipales.
Con todo, dos meses después de que el Consell rechazara la primera impugnación, el alcalde de Castelló aprovechó su intervención en un pleno para revelar que se habían presentado dos impugnaciones al nuevo topónimo: una firmada por varios vecinos entre los que figuraba el entonces concejal del PP José López y otra de la Federació Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia, entidad liderada por Juan García Sentandreu, el abogado que a mediados de los noventa asesoró al Col·lectiu de Veïns Pro-Referèdum, uno de los bloques en la fractura social que provocó la aprobación del topónimo Castelló de la Ribera por el Consell que presidía Joan Lerma (PSOE) y que consiguió revocar con la inestimable colaboración del PP de Eduardo Zaplana, que tras acceder al Consell se allanó en el pleito y propició que se restituyera el nombre en castellano.
A esos dos recursos se ha sumado el de Castelló de la Plana, confirmó ayer Noguera, quien señaló que «la situación entonces era una y hoy es otra. La Generalitat sí está defendiendo sus acuerdos», indicó.
Alerta de posibles confusiones entre Administraciones
El Ayuntamiento de Castelló de la Plana ha cuestionado desde el primer momento el topónimo aprobado por el Consell para la localidad de la Ribera, Castelló sin ninguna otra referencia, al considerar que puede provocar confusiones en la identificación de las Administraciones Públicas y ya el pasado septiembre apeló a su condición de capital de provincia y defendió que no podía haber dos ciudades con el mismo nombre. Òscar Noguera, sin embargo, recordó entonces que Castelló de la Plana tramitó la normalización de su topónimo en 2019 y no quiso renunciar a su «apellido» por lo que los informes recabados en el ministerio han concl uido que no había otro pueblo en España con la denominación Castelló.
