Los recelos expresados por el Ayuntamiento de Carcaixent, que incluso el pasado verano llegó a acordar la suspensión de licencias para plantas fotovoltaicas y eólicas, no han representado un obstáculo para que la empresa Falck Renewables Power 2 haya empezado a tramitar las autorizaciones para construir una central fotovoltaica de 80 megavatios en El Realenc, que ocuparía una superficie que fuentes municipales estiman en cerca de 200 hectáreas.
El área de Industria y Energía de la delegación del Gobierno somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y la declaración de impacto ambiental de un proyecto que prevé una inversión de 58,7 millones de euros y que contempla también la construcción de una subestación eléctrica elevadora y una línea de evacuación de 6,50 kilómetros para volcar la energía generada en la subestación de Alzira. Por la potencia de la planta (90,46 MWinst/80MWnom) es el Ministerio de Transición Ecológica el competente para conceder las autorizaciones.
El alcalde de Carcaixent, Paco Salom, defendió ayer la necesidad de apostar por las energías renovabales, aunque no a cualquier precio, y no dudó en señalar que el proyecto de esta compañía resulta «depredador» para el paisaje y los recursos, por lo que expresó la oposición del gobierno municipal si no se modifica. «Vamos a hacer lo imposible para que si finalmente se han de implantar las energías renovables se haga de forma respetuosa. La transición energética tiene que ser también ecológica porque de lo contrario estamos cambiando cromos», comentó.
Salom indicó que la suspensión de licencias decretada por el ayuntamiento representa una forma de ganar tiempo ante un proyecto que ocuparía tanto terreno agrícola como forestal de El Realenc y que llega apenas unos meses después de que el ayuntamiento ganara un pleito histórico sobre la titularidad pública de los caminos que permite a los vecinos poder disfrutar del paraje. El alcalde espera que el ministerio recabe durante la tramitación del expediente los informes tanto del ayuntamiento como de la Conselleria de Territorio.
«Si comparamos la superficie que ocupa, cerca de 200 hectáreas, es prácticamente la de todo el casco urbano», incidió, mientras señalaba que frente a las prisas de las empresas que tienen en abril de 2022 el plazo para hacer valer unos avales se debería optar por una distribución equilibraday sostenible de estos proyectos, ya que los tiempos que marca la Unión Europea para alcanzar los objetivos de producción de energías renovables dejan todavía unos años de margen. «Si quieres llegar al máximo en un tiempo muy corto tienes que apostar pormegaproyectos con un coste social excesivo», indicó.
