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Un exedil de Urbanismo de Turís, a juicio por permitir una obra que no era legal

La Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para cualquier cargo público al considerarle autor de un delito continuado de prevaricación

La Audiencia Provincial de Valencia juzgará hoy al que fuera voncejal de Urbanismo de Turís en 2008, Rafael Corell, por las irregularidades detectadas en la concesión de licencias para la construcción y ocupación de seis viviendas unifamiliares situadas en una urbanización del municipio. La Fiscalía solicita para el procesado nueve años de inhabilitación para cualquier empleo y cargo público, ya que le considera autor de un delito continuado de prevaricación administrativa por conceder licencias sin cumplir la formalidad y sin atender los informes de los técnicos municipales, que eran contrarios a la legalización de ese proyecto.

Corell llegó a ser presidente de la rama juvenil del PP, Nuevas Generaciones en la provincia de Valencia, aunque abandonó esta formación política y, ya como independiente, propició que la alcaldía de Turís pasara a manos del PSPV, con el que gobernó ocho años. Durante ese tiempo fue teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo.

La denuncia contra Corell fue presentada por la entonces portavoz del PP de Turís, Pilar Lozano, ante la Fiscalía. El PP acusó al concejal de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación por la concesión, el 14 de enero de 2008, «de la licencia municipal de primera ocupación solicitada por la promotora a pesar de que el 20 de diciembre de 2007 el arquitecto técnico del ayuntamiento informó que «no procedía conceder la licenciade primera ocupación» porque «la obra fue ejecutada[…] no ajustándose a las determinaciones tanto del acuerdo aprobatorio de la misma, como a las previsiones de las normas subsidiarias de ordenación urbana y resto del planeamiento aplicable a este término municipal» ya que «no consta la existencia de informe emitido por el técnico municipal que acredite la subsanación de las deficiencias advertidas».

Laconcesión de la licencia permitió a la promotora vender las viviendas a sus destinatarios», quienes pudieron comprobar que las casas «no reunían las condiciones mínimas necesarias para su habitabilidad». Los inquilinos protestaron por la inexistencia de suministro de agua potable y aportaron actas notariales del precario estado de los depósitos

El informe técnico municipal detectó otros fallos, como el e ceso en la altura de la cornisa,modificaciónde laspiscinas, falta de buzone postales o depuradoras.

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