La Federació d’Associacions de Veïns de Alzira ha solicitado un pleno extraordinario para que, coincidiendo el próximo 24 de mayo con el primer aniversario del acuerdo unánime alcanzado para reclamar al Gobierno la ampliación del barranco de la Casella, repetir esa unanimidad para solicitar que se incorpore a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 una partida de 26 millones de euros para proteger Alzira de la amenaza que representan los barrancos. La cifra de 26 millones corresponde al importe en que el informe elaborado por la empresa Typsa por encargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha estimado el coste de estas obras contra inundaciones.
El escrito dirigido por la FAAVV a los diferentes grupos políticos reclama «consenso, voluntad y decisión» para acabar de una vez con las inundaciones y advierte de que «no podemos llegar tarde» a los presupuestos del próximo año. Recuerda además que los parlamentarios de diferentes fuerzas políticas que se han interesado por la problemática de las inundaciones de Alzira han manifestado que la petición es justa y que no tendrían ningún inconveniente en apoyar esta partida siempre que haya consenso entre las fuerzas políticas de la ciudad.
La federación, consciente de que para alcanzar ese consenso es necesario contar con propuestas concretas y que las mejores soluciones deben partir de los técnicos, también plantea que en ese mismo pleno la corporación encargue un estudio de alternativas al actual enlace de la CV-50 con la antigua carretera de Carcaixent (CV-41) y, con este fin, ya ha solicitado presupuesto a tres ingenierías.
La propuesta de Typsa plantea no solo ampliar el Pont de Xàtiva, sino también derribar el paso elevado de la CV-50 y sustituirlo por una rotonda con la misma cota que la mota de protección, si bien se ha abierto un debate sobre como solventar el enlace entre estas dos carreteras. La FAAVV, en base al informe de Typsa, pide convertir la parcela del frustrado centro comercial, «que ya actúa como tanque de tormentas», en un parque urbano.
