El modelo de ordenanza abolicionista de la prostitución remitida a los ayuntamientos protege a las mujeres y multa con hasta 3.000 € a quienes demanden sexo pagado, así como a los intermediadores y a los locales donde se ejerza «esta forma de violencia de género». Gabriela Bravo defendió que las corporaciones locales tienen «competencias suficientes para estar en primera línea de la erradicación de la prostitución a través de las ordenanzas municipales». Algunos ayuntamientos de la Ribera sí han aplicado sanciones por publicitar la prostitución o, como en el caso de Sueca, aprobado resoluciones en defensa de la dingidad de la mujer. Cullera prevé realizar campañas de sensibilización destinadas a las víctimas de la explotación sexual y, por otro lado, a la propia ciudadanía.
