Alzira vive a merced de las inundaciones. Una afirmación que se puede aplicar a buena parte de la comarca. Todavía a día de hoy, la protección contra las crecidas de ríos y barrancos es una cuestión que ocupa la agenda política. Esta misma semana, sin ir más lejos, la Confederación Hidrográfica del Júcar se reunía con los ayuntamientos de Alzira y Carcaixent para abordar una problemática que acecha al Estado desde mediados del siglo XIX.
Así lo recoge el completo análisis del catedrático de geografía física de la Universitat de València, Joan Mateu Bellés, titulado «Obres de Defensa d’Alzira contra les inundaciones del Xúquer (1864-1982)», que forma parte del volumen «Història d’Alzira. Geogafia física i humana, art i patrimoni cultural», coordinado por Aureliano Lairón y Ester Alba.
El autor aborda su estudio a partir de mediados del siglo XIX al tratarse de un periodo en el que, como él mismo destaca, «el nuevo Estado liberal asumió un creciente protagonismo en el estudio hidrológico de las cuencas fluviales y también en el fomento de obras hidráulicas». El año escogido no es una casualidad, ya que en 1864 se produjo la gran riada de Sant Carles. «La magnitud del desastre aconsejó el abandono de las intervenciones puntuales hasta entonces ejecutadas para adoptar un plan de integral de actuaciones estructurales y no estructurales», señala Mateu.
El historiador Salvador Calatayud manifestó hace una década en su trabajo «La societat rural de les riberes del Xúquer davant la inundació de 1864» que por superficie inundada, por la magnitud de los daños y el número de localidades afectadas, el episodio constituyó una de las mayores catástrofes de la España del siglo XIX. Lo que explica la respuesta institucional: «El gobierno de Su Majestad quiso hacer de la reconstrucción de la zona damnificada un objetivo nacional. Además, el desastre de la Ribera se convirtió en un reto para la ciencia y la técnica», subraya Mateu al respecto.
Diques y modificación del cauce
Se crearon dos comisiones para estudiar la avenida del Xúquer, una encabezada por Miguel Bosch (al frente de un grupo de ingenieros de Montes) y otra dirigida por José Gómez Ortega (junto a ingenieros de Caminos). El autor se centra en la segunda, donde se apuntaba a dos soluciones para Alzira, aunque una de ellas quedó descartada. La elegida aposta por que la localidad se rodeara de diques mientras se cerraba el brazo derecho del río. De igual modo, se apostaba por que este sirviera como recipiente del agua que se acumulase dentro de los diques durante las lluvias.
Dicho plan implicaba, entre otras medidas, derribar el puente de Sant Gregori y sustituirlo por otro que permitiera un mejor desagüe y ampliar el brazo izquierdo del río. «El plan de defensa de Alzira también implicaría la desviación del barranco de Barxeta, que desembocaba en el meandro urbano del río», apunta también Mateu. Un torrente que a día de hoy todavía es problemático.
Sin embargo, aquel documento no parecía que fuese a ponerse en práctica. Tal y como apunta el autor, en aquella época «la administración entendía que el estudio de los ríos era competencia del ministerio de Fomento, mientras que la iniciativa privada ejecutaría las obras hidráulicas». Algo difícil de imaginar. Fue en 1877, cuando se produjo un cambio normativo por el que se establecía que las obras de canalización de los ríos principales correrían a cargo del Estado.
Nueva riada
Tres años más tarde, el diputado por el distrito de València, el marqués de Montortal, llevó al Congreso una enmienda para incluir fondos con los que realizar nuevos estudios y trabajos para defender Alzira y la Ribera de las inundaciones. Ya en 1884, el ingeniero Antonio Ruiz Castañeda «redactó un anteproyecto general de defensa de la Ribera que pronto quedó paralizado por su traslado», apunta el autor, que subraya cómo, tras veinte años de espera, se produjo otra riada importante que alertaba de la importancia de desatascar la burocracia.
Una orden ministerial urgió a la división hidrológica de València a acelerar los proyectos en la comarca un año después. Manuel Estibans recogió el testigo de Castañeda para abordar, en primer lugar, una estrategia comarcal de la que surgiesen posteriormente iniciativas a nivel local. Sin embargo, «la presión política, social y mediática obligaron a Estibans a cambiar su manera de pensar». «Propuso un nuevo trazado del río, casi en línea recta por el margen izquierdo del Xúquer, que libraría a las poblaciones inmediatas de las inundaciones del Xúquer», detalla Mateu.
Ballesteros concluyó la redacción de su proyecto en 1895, que contemplaba el derribo de dos azudes y del puente de San Gregori (que sustituiría por uno de hierro de 90 metros aguas abajo), la supresión del brazo derecho del río, así como algunas acciones de defensa de la huerta de Carcaixent. «En 1891 y 1898 la junta consultiva dictaminó negativamente el proyecto de Ballesteros por incluir obras que excedían la exclusiva defensa de la ciudad de Alzira y por el gasto excesivo», apunta Mateu sobre otro plan que quedó en papel mojado.
El siglo se iba a cerrar, tras dos inundaciones en su última mitad, pero sin ninguna obra ejecutada. El cambio de centuria, sin embargo, parecía más propicio ante una «crisis moral y colectiva que desencadenó entre las elites españolas exigencias de regeneración en las instituciones», apunta el autor. En 1898 se encargó al ingeniero Enrique González Granda, futuro director de las obras de la presa de Buseo, una reforma del plan desarrollado por Ballesteros. Proyectó la sustitución del puente medieval para garantizar un mejor desagüe, el cierre del brazo derecho del Xúquer (que se utilizaría como colector y para acumular las aportaciones del Barxeta y la lluvia) y la construcción de un camino entre el raval de Sant Agustí y la montaña para garantizar posibles evacuaciones. Acciones muy similares que el 13 de noviembre de 1899 El Mercantil Valenciano presupuestaba en poco más de un millón de pesetas.
Contrato rescindido
Se inició entonces un farragoso periodo de casi una década que incluyó la aprobación del proyecto, su rediseño y su adjudicación. Cuando más cerca estaban las obras, un nuevo ingeniero aplicó modificaciones al documento y los fondos para Alzira se destinaron al pantano de Buseo. En 1909, se rescindió el contrato y se adjudicó uno nuevo. Hubo que esperar a 1921 a ver terminadas las obras, que finalmente consistieron en una ampliación del cauce, la desviación de la carretera de Alberic a Sueca, un dique de contención, el cierre del brazo derecho del río y la sustitución del puente.
Durante las primeras décadas del pasado siglo, sin embargo, las inundaciones volvieron a hacer mella en la población, primero en 1916 y posteriormente en 1923. Para colmo, el llamado «brazo muerto» del Xúquer se convirtió en un foco de insalubridad. Nuevamente, se proyectó una solución tras no pocas reivindicaciones, sin que se ejecutase. Fue ya en tiempos de la Segunda República (1935) cuando se abordó el problema al considerarlo, incluso, una oportunidad para generar empleo entre los jornaleros. Con todo, «poco se podía avanzar porque el saneamiento no podía resolverse si previamente no se ejecutaba la segunda fase de las obras de defensa contra las inundaciones», puntualiza el catedrático.
En plena Guerra Civil, «el ingeniero Jesús Alberola recibió el encargó de rescatar el proyecto de las obras de la segunda sección», indica Mateu. Planteó prolongar la escollera hasta la denominada Tancada de Sant Antoni, facilitando el retorno al río de las aguas desbordadas mediante el desvío de los barrancos de la Casella y Barxeta y la excavación de un nuevo lecho directo al Xúquer; así como evitar el encharcamiento de aguas en el brazo muerto a través de un colector. Tampoco se materializó.
Avenidas del pasado siglo
Ya en tiempos de dictadura, la necesidad era cada vez mayor y Luis Janini, ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Júcar, fue el encargado de adaptar el proyecto de Alberola. Mientras el documento estaba pendiente de aprobación, el 16 de febrero de 1949, el consistorio reclamó el inicio de las obras. Un día después el río se desbordó de nuevo. Ante la «innegable urgencia de construcción de las obras de defensa» reconocida por los técnicos, el proceso se debía agilizar. Hubo que esperar hasta 1957 para ver las obras concluidas. Aunque el rellenado del «brazo muerto» se prolongó durante varios años después. En 1966 se abordó la necesidad de construir una escollera entre el puente metálico y l’Alquerieta, mientras que en la década siguiente se acometieron las obras de la variante y el nuevo puente sobre el río.
Sin embargo, tal y como apunta el autor, las avenidas no han dejado de ser un problema para la ciudad. Se sucedieron, con menor o mayor gravedad, en 1958, 1965, 1982 o 1987. También se han producido episodios recientes. Durante el pasado siglo, la ciudad ha crecido de forma considerable, por lo que las obras más antiguas ni siquiera estaban pensadas para proteger un núcleo como el actual. Además, los procesos de expansión urbanística no siempre han sido pulcros con los criterios de inundabilidad. Queda por plantearse la más obvia de las preguntas: ¿Dejerá algún día Alzira de estar a merced de las riadas (o barrancadas)? O, al menos, ¿podrá evitar sus consecuencias más atroces? Aquellos que gestionan el dinero público tienen la respuesta.
A lo largo de los dos últimos siglos, varios ingenieros han estudiado Alzira y sus recurrentes inundaciones para aportar soluciones como nuevos trazados para el río eliminando meandros, diques protectores o derribo de puentes y azudes.
En 1898, el ingeniero Enrique González Granda recibió el encargo de reformar el proyecto de defensa de Manuel Ballesteros, descartado por su elevado coste. Planeó el derribo del puente de Sant Gregori, el cierre del brazo derecho del río y una vía de evacuación.
