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Los homenajes al criminal de guerra Lúburic en Carcaixent llegan al Senado

Esquerra pregunta al Gobierno qué piensa hacer el Gobierno para evitar que la tumba se convierta en un lugar de exaltación del genocidio nazi

Tumba del general croata Luburic, conocido genocida al que dio cobijo el franquismo. | VICENT M. PASTOR

Esquerra Republicana ha presentado una pregunta al Gobierno que deberá responderse en el Senado para que el ejecutivo que dirige Pedro Sánchez responda si «por dignidad» piensa exhumar los restos del criminal de guerra Vjekoslav Luburic, más conocido como Maks El Carnicero, que fueron enterrados en un lugar prominente del Cementerio de Carcaixent «para desmantelar unlugar de peregrinación fascista».

El general croata Luburic dirigió durante la Segunda Guerra Mundial el campo de concentración nazi de Jasenovac, donde se cree que fueron exterminados miles de serbios, judíos y gitanos. Tras perder Alemania la contienda, la España franquista le dio cobijo e inició una nueva vida en Carcaixent como operario de una imprenta bajo un nombre faso: Vicente Pérez García. Sin embargo, según todos los indicios, los servicios secretos del entonces general Tito le localizaron y fue asesinado en 1969.

La senadora de Esquerra Elisenda Pérez recuerda que cada cada año, en conmemoración de su muerte, grupos nazis de distintas procedencias acuden a la tumba en la que reposa en Carcaixent para rendirle homenaje, por lo que «se ha convertido en un lugar de exaltación del genocidio nazi y del régimen franquista».

No es fácil que la Administración del Estado pueda intervenir. El genocidio atribuido a Luburic transcurrió fuera de España y en la Segunda Guerra Mundial, un periodo al cual no hacen referencia las leyes de Memoria Histórica impulsados en España. Una vía para lograr la exhumación era expropiar los derechos funerarios. El consistorio se mostraba reticente a activar esta opción para no abrir ningún frente judicial que retrasara aún más el objetivo.

Esperar a que caduquen los derechos funerarios en 2026 es una de las últimas alternativas. El periplo para desmontar la sepultura del criminal empezó hace cuatro años. La petición llegó primero a la Comissió de Vestigis de la Guerra Civil i la Dictadura de la Generalitat, que determinó que el caso de Carcaixent no encontraba acomodo ni dentro de la ley valenciana ni en la española. Hoy el caso sigue sin resolverse.

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