La urbanización fantasma de Càrcer se ha convertido en un problema latente para el que, pese al paso de los años, no se vislumbra solución. El alcalde de la localidad, Josep Botella, ha solicitado una reunión con el vicepresidente segundo del Consell y responsable de la cartera de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, para abordar el futuro de esta área residencial que proyectaba la construcción de 355 viviendas, aunque tropezó con la crisis provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria cuando se ejecutaba la primera fase. Las obras se paralizaron hace más de una década con 38 viviendas finalizadas y otras 65 inacabadas que han sido literalmente desvalijadas a pesar de que en los primeros años se mantuvo la vigilancia del complejo.
El Ayuntamiento de Càrcer siempre ha manifestado que no tiene recursos para asumir este sector que, además, se encuentra separado aproximadamente un kilómetro del casco urbano, al otro lado del río Sellent, y en el que no vive nadie. El mayor temor ha sido y sigue siendo que no se acabe convirtiendo en una carga para las arcas municipales. «Sólo mantener eso urbanizado nos costaría un dineral», resume el alcalde, mientras compara la actual imagen de abandono y casas «saqueadas» con una ciudad bombardeada.
Botella ha confirmado que ha solicitado una reunión con el vicepresidente Illueca «para recordar que tenemos esta zona de 120.000 metros cuadrados completamente degradada y ver qué posibles soluciones se le pueden dar, porque desde el punto de vista municipal no tenemos recursos para hacer nada y queremos saber si la Generalitat tiene alternativas para estos espacios», comentó el munícipe, que no dudó en señalar que se trata de un problema heredado del anterior gobierno local del PP.
En manos del Sareb
El alcalde recordó que a principios de la legislatura pasada hubo un intento de ceder la urbanización al ayuntamiento, que éste no aceptó, y poco más se ha sabido de las posibles alternativas para un complejo que está en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) -el conocido popularmente como «banco malo»- como titular del 70 o 75 % de la urbanización mientras que el resto es propiedad de una empresa que se encuentra en concurso de acreedores, explicó el alcalde.
Josep Botella recordó que Càrcer ha perdido alrededor de 200 habitantes en los últimos diez años, por lo que considera que este proyecto no tiene sentido desde el punto de vista de la evolución demográfica, y señaló que si bien como urbanización independiente «igual en la costa si tendría viabilidad», no dudó en señalar que «en el pueblo ni lo veía antes ni lo veo ahora».
«En su momento se potenciaron este tipo de urbanizaciones y ahora hay que ver qué solución se da a estos desastres», señaló el alcalde, mientras parafraseaba a un abogado que calificó este tipo de proyectos frustrados como «detritus urbanísticos».
Evitar indemnizaciones
Botella recordó que, desde el punto de vista municipal, cualquier recalificación del sector podría derivar en indemnizaciones que el ayuntamiento no está en condiciones de afrontar y, en esta tesitura, comentó que o bien se deja tal y como está o se estudia si puede haber algún tipo de solución política que dé una solución satisfactoria a estos «desastres urbanísticos».
El proyecto de construcción de esta urbanización en Càrcer en los años del «boom» inmobiliario evolucionó desde que se presentara inicialmente con la marca«Aldea Mayor» como un área residencial dirigida a matrimonios de la tercera edad con un poder adquisitivo medio-alto procedentes del centro y norte de Europa a un complejo pensado para gente joven bajo la denominación «El Valle del Sol de Càrcer». Entre medio, también se promocionó el complejo como «Jardines de Azahar», un área residencial en torno a edificios de servicios para los vecinos que establecieran allí su residencia. La crisis del sector paralizó las obras y el proyecto.
