Alberto Castillo, el principal acusado de estafar con su empresa Alzicapital a más de 200 personas, se ha declarado culpable en la Audiencia Nacional (AN) y ha aceptado 3 años y 3 meses de cárcel y una multa de 1,7 millones de euros tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que antes del juicio pedía para él 12 años y 9 millones.
Los otros tres acusados también han reconocido los hechos después de pactar con el Ministerio Público, aceptando ser condenados a entre 3 y 6 meses de prisión, la máxima para Juan Ramón Guillamón.
El tribunal ha avanzado que serán castigados según lo pedido por el fiscal, que ha interesado aplicar a todos las atenuantes de reconocimiento de los hechos y de dilación indebida, ya que entre los autos de procesamiento, en 2016, y apertura de juicio, en 2020, la causa "estuvo parada sin motivo o razón que lo justifique", ha señalado el fiscal, Carlos Bautista, que ha mantenido que cada uno responda por su responsabilidad civil, también Alzicapital.
Además, la Fiscalía ha concedido a dos de ellos, Pedro Juan Bustos y Antonio Gómez, la atenuante de colaboración con la Justicia por haber aportado documentación "decisiva" para la investigación antes de que fueran acusados del delito de apropiación indebida.
En el juicio, que estaba previsto para varios días pero que se ha solventado en cuestión de 20 minutos, el propietario de Alzicapital ha admitido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.
Más de 200 afectados
En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, el fiscal sostiene que entre 2009 y 2011 Castillo convenció a 206 personas y entidades, obteniendo en total 3,4 millones de euros, desde pequeñas cantidades de 1.000 euros hasta una de 242.000. Él administraba Alzicapital y otras empresas dedicadas a captar clientes para que invirtieran su dinero en productos financieros atraídos por el "señuelo" de lograr hasta un 30% de rentabilidad.
Alzicapital se daba a conocer en su página web como una empresa especializada en inversiones en ámbitos como el mercado bursátil, las primas únicas o la gestión de apuestas 'online'. Prometía una remuneración del 5% con una inversión mínima de 1.000 euros que podría elevarse hasta el 30% en función de la cantidad invertida.
Intereses muy "seductores"
Para el Ministerio Fiscal, esos intereses "superaban ampliamente" los que podían ofrecer en aquel momento las entidades financieras, "haciéndolos muy atractivos para el inversor".
Alzicapital, que no tenía autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para prestar ese servicio, formalizaba los contratos de inversión a través de contratos de préstamo, pero los fondos se desviaban "de inmediato" a otra empresa del acusado.
No obstante, "lejos de realizar inversiones, transfería el dinero a cuentas 'online' de casas de apuestas o bien a cuentas de personas de su confianza que no ha identificado, haciendo suyas las cantidades recibidas", explica en su escrito el Ministerio Público.
Y para que los inversores más antiguos no sospecharan, les pagaba intereses, "lo que le obligaba constantemente a buscar nuevos" clientes que depositaran su dinero para de esta forma poder devolver la cantidad que iba debiendo a los usuarios más veteranos.
El dinero desviado se empleaba "en realidad" no para invertirlo, sino para realizar apuestas para él o "engrosar su patrimonio oculto", de acuerdo con el escrito fiscal. "Cuando el trasiego y volumen de operaciones entre las distintas sociedades levantaban la sospecha de la entidad bancaria, que requería explicaciones, el acusado cancelaba y abría otra en una nueva entidad", apunta.
La Policía detectó 150 transferencias del acusado a cuentas de su padre por 455.000 euros, "a fin de ocultar el dinero recibido que, una vez" en posesión de su progenitor, este se lo devolvía a su hijo a las cuentas de una de sus empresas. Los otros acusados también se apropiaron de miles de euros de las cuentas de Alzicapital.
