La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha declarado este lunes ante la jueza que instruye la querella presentada por el exalcalde del PP, Arturo Torró, y otros cargos de este partido, a raíz de la orden dada por Morant, en el momento de ser investida, de cerrar los despachos municipales e impedir que nadie que no fuera funcionario accediera a los mismos.
Torró y los otros querellantes acusan a Morant y a otras personas, entre ellas el secretario de la Corporación municipal, Lorenzo Pérez, y el actual director de la Marina Real de Valencia, Vicent Llorens, de revelación de secretos, coacciones y prevaricación, y definen su actuación como «asalto a los despachos» del Ayuntamiento de Gandia.
La alcaldesa Morant insistió, como ha venido haciendo desde que se dio a conocer la querella, que, tras las comunicaciones que recibió de la Policía Local, el sábado de su investidura como alcaldesa ordenó cerrar los despachos hasta el lunes siguiente «para salvaguardar toda la documentación municipal», y recordó que no solo durante el Gobierno del PP habían desaparecido ordenadores, sino que cargos de esta formación trataron de entrar en el ayuntamiento o en la empresa municipal IPG a horas intempestivas.
«Creíamos que los expedientes del ayuntamiento podía correr riesgo», indicó la alcaldesa tras declarar ante la jueza, justificando que «se impedira acceder al ayuntamiento y a la empresa pública» antes de que los funcionarios pudiesen custodiar dicha documentación.
«He venido con tranquilidad a explicar eso a la jueza, y también le he dicho que el objetivo de la querella era que yo pasara por el juzgado», indicó Morant.
