El Ayuntamiento de Gandia se ha metido en uno de esos proyectos que, si salen adelante de forma satisfactoria, podría considerarse como un milagro. En este caso la intención es disponer de un servicio de transporte público urbano que no le cueste ni un céntimo al consistorio,. Y no se trata de un capricho de los grupos que gestionan el Gobierno local, sino de una imposición, porque el Plan de Ajuste que pactó con el Ministerio de Hacienda para pagar la enorme factura de la deuda municipal le impide desde este 2018 financiar este servicio.
Desde ahora, por lo tanto, la empresa que gestione las líneas de autobús urbano deberán ingeniárselas para autofinanciarse a través de las aportaciones de los usuarios o de ingresos extra por otros conceptos, como la publicidad en sus vehículos, lo que, a priori, no parece fácil. Baste decir que todos los sistemas de transportes públicos urbanos, incluyendo grandes urbes como València, Barcelona o Madrid, obligan a las distintas administraciones a aportar decenas de millones de euros cada año para que puedan seguir funcionando.
El Ayuntamiento de Gandia, que no quiere que la ciudad se quede sin autobuses urbanos, está colaborando en encontrar esa fórmula milagrosa. En primer lugar, ha solicitado y obtenido de la Generalitat la autorización para que la única línea rentable que se conoce, la de la Marina Gandiense, que comunica el Real de Gandia, Gandia, el Grau y la Playa de Gandia, se incluya en el paquete de la futura concesión que deberá establecer otros dos servicios urbanos. Por una parte, la imprescindible línea-lanzadera entre la estación de ferrocarril y el hospital comarcal y, por otra, la línea circular que discurre por toda la ciudad y que, en determinados horarios, se prolonga hacia los distritos periféricos de Marenys de Rafalcaid y Marxuquera.
La pretensión, aunque difícil, es clara. El ayuntamiento está trabajando en un pliego de condiciones para que una única empresa opte a gestionar la línea rentable que comunica la ciudad con el Grau y la playa, pero a cambio deberá comprometerse también a los servicios mínimos que el consistorio exija para la lanzadera del hospital y para la línea circular que da servicio a los distintos barrios de la ciudad. El viernes pasado los concejales José Manuel Prieto y Xavier Ródenas indicaron que también se estudia la posibilidad de exigir nuevas líneas cuyo itinerario aún se está estudiando.
Lo que será clave en este concurso público, que se pretende licitar por un periodo de quince años, es si habrá empresas que vean posibilidad de hacer negocio, cuestión que determinará si hay aspirantes a gestionar el transporte público urbano en un área de unos 75.000 habitantes pero a la que, cada día, acuden decenas de miles para trabajar o para acceder a sus servicios.
Atendiendo a la complejidad de lo que se pretende, Xavier Ródenas reconoció el viernes que «no existen experiencias de transporte público urbano sin aportación de dinero municipal» y que, por eso, se está ante «la contrata más complicada de la legislatura». Pese a ello, se mostró convencido de que las gestiones que está desarrollando el Gobierno local permitirán disponer de un servicio «mejor que el actual» con la exigencia del «coste cero».
No hay fechas para cerrar el pliego de condiciones, y se da por hecho que se trata de un proyecto que, en el caso de arrancar, no se verá hasta finales de esta legislatura o principios de la próxima.
