LA IZQUIERDA, LA DERECHA Y EL ABAD

El artículo del abad de Gandia publicado en la revista Passio ha sido noticia nacional y ha provocado la respuesta de varios políticos del gobierno local, que lo consideran totalmente inaceptable. Sin embargo, lo que escribió Ángel Saneugenio era coherente con la doctrina de la Iglesia católica sobre la ideología de género, y no precisamente una novedad. Por su parte, el PP ha cargado contra Nahuel González llamándole «leninista», por criticar al abad, que es lo mismo que acusarle de taxidermista. Estas son situaciones anacrónicas pero recurrentes que se producen en sociedades que han resuelto mal algunos de sus problemas colectivos, y la relación entre Iglesia y Estado es uno de ellos. Por eso la derecha defiende numantinamente a la Iglesia, mientras parte de la izquierda sale al paso de las ocurrencias del clérigo de turno, y la otra izquierda, la posibilista, también dice lo suyo, pero con cautela, siendo más claro su mensaje subyacente: por Dios, no la liemos.

El problema de esta historia no son las posiciones de la Iglesia sobre lo que sea, ni su derecho a expresarse públicamente, sino la relevancia política que sus comunicados y declaraciones reciben todavía en España. Si eso ocurre es porque resulta imposible considerar a la Iglesia solo en su estricta dimensión religiosa y no ver en la derecha española a su aliada histórica y beneficiaria solidaria de lo que aún representa culturalmente el catolicismo.

Lo decía Gerald Brenan en El laberinto español, libro prohibido durante el franquismo: «La acción de la Iglesia ha sido predominantemente política». Sobre esa vieja confluencia de intereses se crearon, tras la llegada de la democracia, estructuras informativas, estrategias educativas y discursos doctrinales destinados a defender espacios de influencia social, hasta la última trinchera. Desde entonces, lo que la Iglesia ha perdido en devoción popular se lo ha devuelto la derecha patrocinando sus causas y apropiándose de cierta idea de la tradición que cuestiona la aconfesionalidad del Estado. Lo hemos visto estos días, como tantas veces: nuestras banderas a media asta, nuestros Cristos besados con unción por nuestros ministros, nuestros himnos castrenses, nuestros desfiles. Todo nuestro.

Todavía se nos intenta convencer de que es normal que la segunda emisora de radio española más escuchada sea conocida como «la de los obispos», o que la existencia de cadenas televisivas, cuyo principal accionista es también la Conferencia Episcopal, obedece a motivaciones pastorales cuando lo cierto es que esos medios de comunicación actúan como máquinas de propaganda de la derecha o en combinación con políticas pro domo, porque aquí todo el mundo barre para casa, con el sobre, con la capa pluvial y hasta con los dientes.

En defensa de la asignatura de «Educación para la ciudadanía», el socialista Gregorio Peces Barba, uno de los siete ponentes de la Constitución del 78, escribía hace once años un contundente artículo en el que recordaba el constante obstruccionismo de la jerarquía eclesiástica respecto del poder civil, como si retomara las ideas de Brenan a 40 años de distancia. Hoy ese artículo, menos previsible que el de Saneugenio, se lee como el desahogo de un político español que al final de su vida descubría la consistencia y el alcance real de las fuerzas inmovilistas de su país. Subrayaba Peces-Barba, señalando a Cañizares como a un obispo especialmente retrógrado y al PP como un partido muy alejado de la más elemental tolerancia liberal: «Ahora toca a la Educación para la Ciudadanía, antes fue el divorcio, el aborto, la enseñanza de la religión, el matrimonio entre homosexuales e incluso dimensiones de la financiación que les parecen insuficientes». La batalla por la «Educación para la ciudadanía» se perdió, como sigue enterrado el debate exigido por Peces-Barba en caso de que la jerarquía eclesiástica persistiese en su actitud para «abordar el tema de la acción y de la situación de la Iglesia y establecer un nuevo estatus, que les sitúe en su sitio y que respete la autonomía de la autoridad civil».

Por su puesto, nada ha cambiado. El único nuevo estatus establecido fue el de Cañizares, ascendido a arzobispo, mientras la autoridad civil, representada por el partido de Peces-Barba, financiaba a la Iglesia como nunca. Así que siguen en pie los sermones sobre «el relativismo moral» o, como dice el imaginativo Saneugenio, sobre «el desdibujamiento de la persona»; como siguen los rapapolvos condenatorios desde los púlpitos, y como intactas siguen las viejas alianzas políticas, aunque desdibujen la separación entre Iglesia y Estado.

Todo indica que dentro de 40 años tendremos que escribir otro artículo como este para hablar de lo mismo, porque hay cuestiones inaplazables sobre las hay que insistir con impaciencia...