La justicia clausura el parking de una empresa de transportes de Oliva al carecer de licencia

El juzgado de lo contencioso administrativo número 10 de València obliga a una empresa de transportes de Oliva a dejar de usar como parking de sus camiones una parcela ubicada en el camino Canyaes de esta ciudad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, desestima el recurso que la mercantil presentó ante un decreto del ayuntamiento que ya instaba al cierre de esta instalación por carecer de licencia ambiental y, sobre todo, porque el terreno está clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como residencial y, por tanto, no puede contener este tipo de actividad. En ese mismo espacio, de hecho, existe una vivienda construida.

En sus argumentos, la empresa recurrente aseguraba que es «innecesaria» la licencia ambiental que le reclama el ayuntamiento al tratarse de una «actividad privada» en la que, según apuntan, «no existe actividad lucrativa de explotación». Lo que alega la mercantil es que en ese espacio aparca sus propios camiones y no los de terceros cobrando una tasa. El magistrado que redacta la sentencia, en cambio, considera que dichos argumentos «son más que discutibles desde el momento que el estacionamiento de esos camiones es parte de un negocio de transporte de mercancías».

Por otra parte, hace referencia a un informe del servicio del Seprona de la Guardia Civil en que se apunta la existencia de «depósitos de aceites, combustible, filtros, etc».

Por estos motivos, el juez obliga a cesar la actividad de aparcamiento de camiones en la citada parcela. La sentencia, en todo caso, es recurrible ante el TSJCV.

La concejala de Actividades del Ayuntamiento de Oliva, Imma Ibiza, explicaba ayer a este periódico que el decreto que fue recurrido por la empresa es el último recurso de la administración «tras comprobar que no había ninguna fórmula alternativa para que la empresa pudiera ejercer esta actividad». La edila explicó que durante varios meses se estudió, por ejemplo, solicitar una Declaración de Interés Comunitario (DIC) que no era viable por falta de superficie y también se intentó pedir una licencia provisional, que tampoco fue posible. De ahí que finalmente se optara por el decreto de cierre.

Desde el despacho de abogados Ponsoda Bernat, de Oliva, que está personado en el caso, explicaron ayer que el ayuntamiento «actuó debido a la presión que nosotros ejercimos» y «tras muchos años en que esta administración hacía caso omiso a las quejas que presentaban los vecinos», señalaban.