El Ayuntamiento de Bellreguard se ha puesto a gestionar esta misma semana el servicio de distribución de agua potable, que durante décadas ha estado en manos de empresas que en su día firmaron contratos con el consistorio, como ocurre en la mayoría de municipios de la Safor.
Vencidos los contratos con Egevasa y Ómnium, concretamente los años 2009 y 2012, que, respectivamente, gestionaban el agua para el pueblo y la playa, el Gobierno local del PSPV y Compromís decidió, desde principios de esta legislatura, devolver el servicio al control estrictamente municipal.
Según señala el ayuntamiento en un comunicado, la única diferencia ahora es que los «clientes» pasan a ser «usuarios» y que todas las peticiones de altas y bajas, así como los posibles problemas con el recibo, se tramitarán en las oficinas municipales.
Tras analizar la situación de los contratos con Egevasa y Omnium y el estado del servicio mediante un estudio técnico que, según el ayuntamiento, «detectó deficiencias graves en la gestión», el Gobierno local tomó la decisión de remunicipalizar el servicio del agua potable para gestionarlo de forma directa.
El alcalde de la localidad, Àlex Ruiz, de Compromís, recuerda que esta «es una promesa que hicimos en la investidura desde el convencimiento de que la gestión pública garantizará que el precio que pagan los vecinos esté de acuerdo con los costes reales, más aún después del último cambio de la normativa de contratos públicos que permite a las empresas marcarlos en función de los beneficios que deseen». Este cambio no supondrá incremento alguno en la tarifa del agua.
El estudio técnico que sirvió de base para tomar la decisión diagnosticó también el estado las instalaciones, así como una serie de actuaciones e inversiones estratégicas para mejorar la calidad del servicio y que se ejecutarán durante los primeros meses de gestión municipal.
Regularizar los pozos
Se trata de la construcción de un depósito de almacenamiento en el pozo de la Ronda de les Marjals que permitirá aumentar la fiabilidad del servicio y la capacidad de respuesta ante una eventual avería de la bomba del pozo.
También se llevará a cabo la tecnificación del servicio mediante un sistema informatizado para disponer de información en tiempo real de múltiples parámetros de la red con el objetivo de optimizar el funcionamiento y prevenir problemas.
Asimismo, se regularizarán las concesiones para poder extraer el agua del subsuelo, ya que varias de ellas aún están en trámite, según los registros de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
«También se elaborará un nuevo reglamento del servicio que defina claramente los derechos y obligaciones de todos los vecinos y vecinas en su condición de usuarios del servicio municipal de agua, porque el anterior, con más de 20 años de antigüedad, no se adecua a la realidad existente», indica el ayuntamiento. Finalmente, se modernizará la red con la sustitución de las tuberías de fibrocemento por otras de polietileno, más adecuadas y eficientes.
