La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) remitió al ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, el pasado mes de marzo, un requerimiento de ejecución forzosa para que aplicara la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegal ocho construcciones que se levantaron en la urbanización del Vergeret, a menos de cien metros del cauce del río Vaca, y en las que hay centenares de viviendas ocupadas por sus propietarios.
En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, la entidad, que entonces se encontraba en manos del PP, no cita de manera explícita cuál es la medida que dictaban los jueces en 2013 y se limita a dar un plazo de «quince días» al ayuntamiento y a Pro Vergeret como agente urbanizador para que la hagan cumplir. Sin embargo, la resolución del Supremo, que es firme, resulta muy clara al afirmar que se debe «reestablecer la zona a su estado anterior». En definitiva, lo que pedía la CHJ al ayuntamiento era que derribara los edificios construidos a principios de la década del 2000 sin permiso de este órgano.
La confederación, además, advertía que, de no ejecutarse la sentencia en el plazo establecido, empezarían a llegar al consistorio «multas coercitivas», que, según ha podido averiguar este periódico, podrían ser muy cuantiosas y suponer un auténtico quebranto económico para el ayuntamiento.
La petición cayó en el seno del Gobierno local como un auténtico jarro de agua fría. Rápidamente se cursó una respuesta en la que se indicaba a la entidad que depende del Ministerio de Medio Ambiente que el ayuntamiento lleva meses trabajando en el proyecto para corregir la inundabilidad de la zona sur del municipio (Vergeret). Se refiere el consistorio al muro que está previsto que se construya en el margen del río. Paradójicamente, a principios del año pasado, el ayuntamiento remitió al organismo que gestiona las cuencas hidrográficas el proyecto de construcción de la pared. Los técnicos de la CHJ devolvieron la propuesta instando a los valleros a corregir una serie de cuestiones, por lo que aún sorprendió mucho más la actitud del organismo pidiendo la ejecución de la sentencia.
El concejal de Urbanismo, Josep Llàcer, a preguntas de este periódico, confirmó ayer la existencia de este requerimiento pero dejó claro que no se va a derribar ni un solo edificio.
También explicó que con el cambio del Gobierno, y por tanto de equipo directivo, en el seno de la confederación, también ha variado la sensibilidad sobre esta cuestión. El nuevo presidente ha tranquilizado al alcalde, Jordi Juan, y al propio Llàcer y ha asegurado al ayuntamiento de Tavernes que ni va a exigir la ejecución de la sentencia ni va imponer sanciones al municipio, en tanto que ya se está trabajando en una solución. «En cuanto hubo un cambio de presidencia en la CHJ rápidamente concertamos una reunión con el nuevo dirigente para tratar esta cuestión», señalaba ayer el edil.
Un permiso concedido por el PP
Cuando el pasado mes de marzo la CHJ exigió el derribo de ocho edificios con centenares de viviendas, el organismo estaba en manos del PP, pues Mariano Rajoy seguía siendo presidente. Se da la paradoja de que fue un ayuntamiento del mismo partido el que concedió licencia municipal para ejecutar la urbanización y además no veló por que la empresa dispusiera del permiso de la confederación, pese a que este trámite era necesario por la proximidad de las obras al río Vaca.
