El mismo organismo que pide que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a demoler edificios en la zona del Vergeret por su proximidad al río y, por tanto, riesgo de inundación que padece, la Confederación Hidrográfica del Júcar, depende del Ministerio de Medio Ambiente, que es la administración del Estado sobre la que recae la gestión de las obras de laminación del río Vaca, cuyo proyecto quedó suspendido por el Gobierno del PP en el 2015. Esas obras, con un coste de 40 millones de euros, tenía que ejecutarlas la empresa pública Acuamed. El proyecto se licitó en julio del 2011, aunque nunca llegó a adjudicarse. Cuatro años después quedó suspendido.
Además, la CHJ mantiene bloqueado desde hace varios meses el proyecto del muro contra inundaciones. El ayuntamiento lo remitió a principios del 2017 a este organismo, que luego lo devolvió a la administración local para que realizara algunas modificaciones. Una vez acabadas, Tavernes, a principios de este mismo año, volvió a enviar el proyecto a la CHJ, que en estos momentos aún no se ha dado respuesta. Sin este trámite, Tavernes no puede elaborar el proyecto de ejecución y ni siquiera valorar la obra que correrá a cargo del propio consistorio.
