El Juzgado de lo Penal número 15 de València ha absuelto a Vanessa Martínez, exalcaldesa del Partido Popular del Real de Gandia, de todos los cargos que se imputaban a raíz de haber contratado con la empresa Academia Valenciana de Juristas para la realización de informes jurídicos para el ayuntamiento.
A Vanessa Martínez, que siempre defendió su inocencia, se le atribuyeron los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil, que la sentencia ha rechazado en todos los casos.
Esta causa se incluyó en una macrooperación de la Guardia Civil en cuyo centro estaban dos empresas. Por una parte la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) y, por otra, Asesores Económicos Públicos. En el año 2014 la Guardia Civil requirió documentación en tres ayuntamientos de la Safor: Ador, el Real de Gandia y Benirredrà, que habían contratado con esas dos firmas envueltas en una trama de corrupción.
En el caso del Real de Gandia, el procedimiento que se mantuvo abierto contra Vanessa Martínez afectaba a la AVJ, que realizó numerosos informes jurídicos para el ayuntamiento a partir de junio de 2007, cuando la representante del PP obtuvo la alcaldía de esta localidad de la Safor.
Vanessa Martínez solicitó los trabajos de la AVJ porque, como expresó en su momento, necesitaba informes jurídicos visto el «caos» en el que se encontró el ayuntamiento y porque la secretaria de la corporación había dejado el cargo.
La elección de la AVJ para llevar a cabo esos informes no fue arbitraria, dado que esta firma era la que recomendaba la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para tareas de asesoramiento jurídico. Por eso causó tanta sorpresa que se imputara a alcaldes que lo único que habían hecho era seguir esa recomendación de este organismo público para poder desarrollar su labor municipal con todas las garantías de legalidad.
Además de eso, durante el juicio celebrado en València Vanessa Martínez pudo acreditar documentalmente que todos los trabajos de asesoramiento que se pagaron han sido realizados, que el contrato menor del ayuntamiento con la AVJ fue totalmente legal y que no ha habido ningún tipo de perjuicio para la Administración local. También se ha constatado que José Ramón Llopis, la persona implicada en esa presunta trama corrupta, hizo los informes que se le pedían, pero nunca actuó como secretario del Ayuntamiento del Real.
La causa por estos mismos hechos abierta contra el alcalde de Ador, el independiente Joan Faus, ya fue archivada, y queda pendiente la que afecta a la alcaldesa de Benirredrà, Loles Cardona, del PSPV, que también ha defendido siempre su inocencia.
