Gandia se acoge a legislación europea para extender su wifi a calles y plazas

Gandia es una de las 510 ciudades que recibirán una ayuda de la Unión Europea para poder instalar wifi gratis para sus vecinos en calles y plazas. Más allá de la cantidad que recibirá, 15.000 euros, para financiar la conexión, lo importante de tener acceso a este programa es que la capital de la comarca de la Safor ya no depende la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que impide abrir las líneas a los ciudadanos más allá de edificios públicos como el ayuntamiento, biblioteca o centros sociales.

Ahora, Gandia está bajo el paraguas de la Unión Europea, por lo que se podrá extender la red gratuita a la vía pública, añadiendo un servicio para vecinos y vistantes. Más de 10.000 ciudades europeas se presentaron a esta convocatoria, la segunda que sacaba la Unión Europea, para tener acceso a esta línea de ayudas. En la primera Gandia se quedó fuera pero sí que estuvo Bellreguard. En esta ocasión, la capital de la comarca de la Safor sí que ha entrado en el programa.

«Entendemos internet como un derecho ciudadano que no genere desigualdades, sobre todo si uno no podía pagarlo por mantener una relación digital con las administraciones o el resto de los ciudadanos», indicaba el concejal de Modernización, José Manuel Prieto, en un comunicado.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia considera que la prestación del servicio gratuito en las plazas públicas supone una competencia desleal con las compañías de telecomunicaciones, por lo que solamente deja que se ofrezca señal en edificios públicos.

Durante esta legislatura, el departamento de Prieto ha realizado una importante apuesta por este servicio y ha dotado a todos los edificios de una red de alta velocidad. Cada edificio recibe la señal por fibra óptica. Esta a su vez, se convierte en inalámbrica para llegar a los dispositivos de los usuarios.

Aquellos que quieran utilizar la red deberán registrarse mediante una contraseña. Esta obligación de inscribirse a la que obliga la legislación tiene como objetivo controlar posibles usos inadecuados de la red municipal como visitas a páginas delictivas.