Los vecinos que residen en los bloques de pisos situados en los números 98 y 100 de la gandiense avenida de la República Argentina han vuelto a conseguir que la Policía Local, siguiendo las instrucciones del ayuntamiento, clausure lo que ellos denominan «presunta pensión encubierta» que, al menos durante los últimos tres años, ha funcionado en la planta baja. Fue el jueves pasado cuando agentes policiales acudieron al lugar y procedieron a situar un cartel en la puerta y a sellar, mediante cintas plásticas, la reja de acceso a ese lugar.

En su interior, según señalan vecinos de la zona, la propietaria ha permitido o tolerado que una docena de personas prácticamente resida allí, compartiendo, en un mismo espacio, las habitaciones, cocina, comedor, aseos, duchas y otras dependencias, sin que, como han confirmado a este periódico desde el ayuntamiento, exista autorización para el desarrollo de esa actividad.

Los vecinos indican que en ese «hostal ilegal» residían mayoritariamente personas extranjeras que, al menos una parte, estaban en Gandia para sacarse el carné de conducir y que, al llegar a la ciudad, eran guiados hasta ese punto para encontrar alojamiento mientras durara el curso.

El pasado mes de noviembre ya se produjo una primera clausura del local, para lo cual el ayuntamiento tuvo que obtener la autorización judicial necesaria para entrar y realizar una inspección que permitió certificar las sospechas que los vecinos denunciaban. Pese a eso, posteriormente volvió a abrir hasta que el decreto de alarma y la crisis del coronavirus volvió a generar la clausura obligada.

Hace unas semanas sorprendió que el local retomara la actividad, y entonces los presidentes de las comunidades de vecinos volvieron a alertar por escrito al ayuntamiento, comunicando su temor por la existencia de botellas de butano o las molestias que causaba la elevada presencia de personas.

«En esta ocasión queremos agradecer la rapidez en la actuación de la Policía Local», señalaron ayer los vecinos, quienes durante años han mantenido una actitud crítica con el ayuntamiento por considerar que estaba permitiendo esta actividad sin disponer de autorización.

Mantendremos la inspección

El concejal presidente de la Junta de Distrito de República Argentina-Plaça El·líptica, Salvador Gregori, señaló ayer a este periódico que este es un problema que tuvo que afrontar de la anterior legislatura y que, cuando tomó posesión del cargo, dio instrucciones para que actuaran los servicios jurídicos. Así fue como se consiguió la autorización judicial que ha permitido el primer cierre, el pasado otoño, y el segundo, el de esta misma semana.

Gregori concluyó que la Policía Local permanecerá atenta para detectar lo antes posible un incumplimiento de la orden de cierre porque, como es más que evidente, se trata de una planta baja que no puede actuar como si fuera una pensión.

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