Hace un año y medio, aproximadamente, recibí en mi buzón un panfleto propagandístico de ámbito político que informaba del «peligro inminente» de la apertura de un centro de menores extranjeros en la localidad donde resido, el Real de Gandia. El panfleto, que era una auténtica invitación al odio, resaltaba aspectos tales como el posible aumento de la delincuencia juvenil en la zona. Aprovecho este artículo para contrastar dicha información con datos oficiales y, además, desmentir otra pesquisa, la de las ayudas económicas que «perciben» por el mero hecho de ser menores migrantes.
Un año y medio después de la apertura del centro y de la publicación de mi anterior artículo, «No es país para menas», donde denunciaba dicha publicidad incendiaria que fomentaba la antipatía entre pueblos. Un año y medio después de que un grupo reducido de personas obviara que los menores migrantes son ciudadanos de pleno derecho, que no son números ni siglas, sino personitas huyendo del hambre, de la explotación infantil, de los abusos de poder…, con gigantescas mochilas a sus espaldas. Un año y medio después, ellos, los camigrantes, han demostrado que no son ni más ni «menas» que todos nosotros, sino iguales.
He de reconocer que los días que precedieron a la recepción de aquel panfleto publicitario, principios de febrero de 2019, una gran rabia e indignación fueron las que inspiraron mi primer artículo. No podía creer que incluso aquí, en un pequeño pueblo de la comarca de la Safor, el pueblo donde decidí criar a mi hija huyendo de la frialdad de las grandes urbes, sucediesen este tipo de comportamientos: tipos de conductas que germinan regadas por la ignorancia.
Aquellos días el Partido Popular del Real de Gandia propuso al gobierno local la celebración de un referéndum, pero no un plebiscito para ver la aceptación que tenía el hijo del Rey Fugado entre la ciudadanía, no. Un referéndum para que los vecinos y vecinas decidiesen si estaban en acuerdo o en desacuerdo en la apertura del centro de acogida a menores extranjeros no acompañados en el municipio.
Pero hoy no, hoy mis palabras no se mueven por la rabia y la indignación, hoy mis palabras se mueven por el amor y la fraternal solidaridad entre los pueblos. Hoy, con el blanco del papel, diluyo el gris de un pasado oscuro, un pasado que parece que no pase.
Es lunes, 2 de noviembre de 2020, por escrito, solicito mediante Registro de Entrada al Departamento de Seguridad Ciudadana y, concretamente, al Cuerpo de Policía Municipal del Real de Gandia, un Informe que revele de manera anónima las diligencias abiertas sobre la Violencia y Delincuencia Juvenil en el municipio los últimos 18 meses. El 10 de noviembre, mediante correo ordinario, llega la respuesta oficial: «Debo de informarle y le informo que, en los últimos 18 meses, no hemos abierto ninguna diligencia del tipo que usted señala. Tampoco hemos observado ningún incremento de la violencia y delincuencia juvenil en nuestro municipio», firmado: El Jefe de Policía Municipal.
Además, en la carta también nos facilita otra información: «...que en los últimos 18 meses tampoco se ha tratado este asunto en ninguna de las Juntas Locales de Seguridad Ciudadana, no siendo relevante para el municipio».
Respecto a las ayudas económicas que «perciben» por el mero hecho de ser menores migrantes, en realidad, es imposible que un menor, sea cual sea su origen, en el Estado español ingrese cualquier tipo de ayuda económica. La ley no contempla dicha opción. Además, las ayudas sociales en España tienen como primer criterio la renta económica de los solicitantes, no su origen, excepto que sean solicitantes de asilo amparados por la Directiva Europea 2013/33/UE. Por lo tanto es un bulo, una noticia falsa, propagada con algún fin. Ahora que cada uno saque sus propias conclusiones.
Un año y medio después, ellos, los camigrantes, han demostrado que no son ni más ni «menas» que todos nosotros, sino iguales.
