La Generalitat multa a Gandia con 6.251 euros por una cesión ilegal de trabajadores

Según señala la dirección de Trabajo en su resolución, los hechos se remontan nada menos que a un periodo de veinte años, comprendido entre 1994 y 2013, y el afectado ejercía las funciones de sicólogo clínico.

El afectado, que fue despedido en 2013, estaba contratado por la empresa Quatre Fulles, pero toda su actividad se destinaba a los requerimientos del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gandia. Y no solo eso, sino que, además, trabajaba en dependencias municipales, utilizando medios que le proporcionaba el consistorio y a las órdenes de los representantes públicos.

Por todo ello, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictada en el año 2015 ya reconocía plenamente esa relación del afectado con el ayuntamiento, y obligó a pagar a la institución local una indemnización de casi setenta mil euros en concepto de despido. En definitiva, lo que los jueces observaron es que el sicólogo era un trabajador del ayuntamiento más que de Quatre Fulles y como tal debió ser tratado.

De aquellos hechos la dirección general de Trabajo de la Generalitat abrió expediente, como era su obligación, que ha concluido con la tipificación de que se trataba de una «infracción administrativa muy grave en materia de relaciones laborales» y por eso impone la multa de 6.251 euros al ayuntamiento. Pese a que esa decisión ha sido recurrida por el actual Gobierno local, la multa se ha abonado.

La cesión ilegal de trabajadores fue, durante tiempo, algo relativamente habitual en Gandia, y en otros ayuntamientos de municipios grandes, pero, como recordaba ayer el concejal de Gobierno Interior, José Manuel Prieto, hace años que se dieron instrucciones para corregir esas situaciones y ajustarse a la legislación.