El pasado 24 de septiembre de 2011, tras la actuación de las cuadrillas de Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín ante reses de El Pilar, se dio por clausurada para siempre, «pá sécula sin fin», que decía Lagartijo, la plaza de toros de Barcelona. Por todos los foros y ambientes se dio por hecho que el tema no tenía vuelta atrás, y se entonó un réquiem por la fiesta de los toros en esta ciudad. Un réquiem que se antojaba definitivo, y que los profesionales del toreo parecían asumirlo como un hecho sin remisión.

Incluso, se llegó a anunciar que las indemnizaciones a los afectados por la prohibición de los toros en la capital catalana no se pagarían hasta 2013. La incoación del expediente indemnizatorio por este cierre se anunció asimismo para ser llevada a cabo durante los seis primeros meses de 2012. Sobre el tema, el portavoz del Govern catalán, Francesc Homs, aseguró que: «las indemnizaciones no serán millonarias, ya que la afición a los toros en Cataluña iba en descenso en los últimos años». Sin embargo los taurinos, ya dando por hecho el cierre y, en lugar de buscar vías de posible solución, se dedicaron a especular y tasar dicha indemnización entre los 300 y los 500 millones de euros.

Sin embargo, ya se dijo en su momento en esta misma sección que, si bien se daba por clausurada la plaza, alguna decisión política o judicial lo podría impedir y que, en este sentido, cabía la posibilidad de un recurso del Partido Popular acerca la posible inconstitucionalidad de la medida. Sin olvidar la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la fiesta, si bien ésta no está terminando de obtener el respaldo necesario.

Pues bien, días pasados, en el marco de un ciclo de conferencias organizado por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, intervino con una tan interesante como clarificadora ponencia del Catedrático de Derecho Constitucional Joan Vintró Castells. En su completa y exhaustiva exposición, Vintró abogó por el hecho de que el actual partido en el gobierno podría decantar la balanza de la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la prohibición de las corridas de toros en Cataluña mediante un decreto en el que se reconociese la fiesta como Patrimonio Histórico. Posibilidad no descabellada, ya que el PP llevaba en su programa la protección de la fiesta de los toros.

Asimismo, aseguró que esta prohibición vulnera varios artículos del texto constitucional, Estos son, según el recurso de anticonstitucionalidad presentado por 50 senadores del PP, el 20, el 44 y el 46. El primero se refiere a la libertad de expresión y creación artística. En cuanto al segundo, «ya que se prohibiría el acceso a una manifestación artística», si se entiende la fiesta como un fenómeno cultural. Y, en referencia al 46, la prohibición entraría en conflicto con la obligación de los poderes públicos de proteger el patrimonio histórico y cultural de España.

El nudo de la cuestión estaría en determinar si la fiesta de los toros puede ser considerada como Patrimonio Cultural e Histórico de España. Para ello existen dos vías; la consecución de la citada ILP, que pretende declarar el toreo como Bien de Interés Cultural, o que el Gobierno así lo declarara mediante un Decreto.

En la ponencia de Vintró se hace también referencia a los artículos 38 y 139 que aluden uno a la libertad de empresa y el otro a la libre circulación de servicios, bienes y personas a lo largo del territorio español. Otro punto fundamental es el artículo 93, que alude a que los poderes públicos deben tener criterios de proporcionalidad en sus decisiones. En ese sentido, asegura en su ponencia: «si con la ley de la prohibición se pretende el bienestar animal, no se comprende que unos días después de la prohibición se pretendiera por parte del Parlamenta de Catalunya blindar y fomentar los Correbous».

El catedrático aludió también a la normativa europea de la protección de los animales, que debe respetar las tradiciones de los diferentes lugares, citando también el Decreto de concesión de la Medalla de las Bellas Artes, ya otorgada a varios toreros y la Ley de Patrimonio Histórico. Y concluye alertando a que el Tribunal Constitucional debería acelerar al máximo su resolución ya que, en caso de llegar tarde, podría tener efectos irreversibles. Visto lo visto, la empresa Matilla debería anunciar ya el cartel de la inauguración de la temporada 2012 en Barcelona. Por si las moscas.