Un 6,5 por ciento de los reclusos tiene discapacidad intelectual o enfermedad mental, lo que supone una prevalencia muy superior a la del resto de la población, y, de estas personas, siete de cada diez ingresa en prisión sin que se haya detectado de forma previa la existencia de su problema.
Estos datos se recogen en el estudio "Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante el proceso penal", que analiza la situación de este colectivo durante los procedimientos judiciales, así como el cumplimiento de las condenas y las medidas de privación de libertad.
La investigación, realizada por la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Feaps), demuestra el "fracaso" del sistema jurídico, que no logra identificar esa alteración cognitiva a lo largo del proceso penal y únicamente responde con la imposición de condenas o medidas privativas de libertad.
El 29 por ciento de las personas con discapacidad intelectual condenadas por sentencia judicial proceden de un ambiente marginal y el 56 por ciento sufre desatención de sus necesidades de apoyo, según la publicación, que reúne información del programa de reclusos y exreclusos que Feaps desarrolla desde 1995.
