La representante del ministerio fiscal aseguró hoy durante la exposición de su informe en el juicio que se celebra contra E.P.R., acusado del doble crimen de Càlig (Castellón), que para el procesado la vida de los dos jóvenes fallecidos vale 36.500 euros, suma, según dijo, que es lo que le costó al supuesto sicario una finca que adquirió y de tres ingresos que realizó en varias de sus cuentas bancarias tras producirse el suceso que no ha podido justificar.

El acusado, durante su último turno de palabra, reiteró que no ha estado nunca en Càlig, que no conocía a las víctimas y que no había cobrado dinero para hacer daño a nadie. Según dijo, "soy inocente de lo que se me acusa". Los miembros del jurado recibirán el próximo lunes el objeto del veredicto.

En la última sesión del juicio, el secretario judicial leyó la transcripción de conversaciones telefónicas mantenidas entre acusado, cuando se encontraba en la República Checa, y su esposa, que estaba en Castellón, en las que éste desvela que se sentía vigilado y pedía a la mujer que vendiese sus propiedades y sacase dinero del banco para asegurarle el futuro a su hijo.

La representante del ministerio público demandó al jurado popular un veredicto de culpabilidad para el acusado "pues debe pagar por lo que ha hecho", aseguró, y aclaró que el resto de personas implicadas en el crimen "no podrán dormir con la conciencia tranquila, puesto que si aparecen pruebas contra ellos, el caso se reabrirá".

La fiscal destacó la "brutalidad" con la que se cometió el doble crimen, así como las "contradicciones" en las que entró el acusado en sus declaraciones, el cual -apuntó- "se negó a regresar a España cuando lo detuvieron en la República Checa, por lo que tuvo dos meses hasta que llegó la orden internacional para poder montarse una explicación y que, mientras tanto, su esposa pudiese ir sacando el dinero del banco".

Así mismo, manifestó que hay incidios que inculpan al acusado, como el hecho de que desapareciese de España dos días después de que se le tomara la muestra de ADN en su lugar de trabajo, que posteriormente coincidió con las colillas encontradas en el desagüe del lavabo del domicilio donde aparecieron los cadáveres. Al respecto, dijo que "no tiene ningún sentido la versión del procesado respecto a que las colillas se las pusieron allí para implicarle".

Por otra parte, la fiscal insistió en que el acusado "no tenía intención de regresar a España, como lo indicó en algunas conversaciones telefónicas, y con el intento de vender sus propiedades en nuestro país". Para la fiscal, la negativa de su esposa, madre y hermana a declarar en el juicio "compone otro indicidio de su culpabilidad, puesto que si hubiesen declarado, tendrían que haber mentido para no perjudicarle, teniendo en cuenta lo que había manifestado en la fase de instrucción".

La fiscal también indicó que los antecedentes penales del acusado, -robo con intimidación, delitos de lesiones o evasión a la Justicia-, por los que ha estado cumpliendo condena hasta 1999, "son indicativos de su carácter agresivo". Según dijo, "considero que se trata de un asesinato, puesto que hay alevosía y cobró dinero por el mismo".

Por su parte, la acusación en representación de la joven fallecida señaló que el acusado es un "profesional", pues "hay que serlo para matar a dos jóvenes por un puñado de dinero". Según dijo, "la prueba del ADN es infalible y hay suficientes pruebas e indicios como para dictar un veredicto de culpabilidad pues, a un profesional como éste, si se le deja en la calle, volverá a matar".

El letrado de la acusación del joven, que elevó de 20 a 30 años de prisión por cada muerte la petición de pena, al considerar que existen los agraventes de aprovechamiento de las circunstancias del lugar y del tiempo, manifestó que "esto es una película de terror, en la que un asesino psicópata mata por dinero a dos jóvenes a los que no conoce de nada".

DEFENSA

Finalmente, el abogado de la defensa ratificó la petición de absolución para su patrocinado, pues -según explicó- "aquí faltan los actores, ya que no existe el autor intelectual del crimen ni tampoco se ha acreditado la relación de éste con el acusado, por lo que también falta un mediador que tampoco está aquí".

Según significó, "en el lugar del crimen aparecieron pelos y huellas que no eran de mi defendido, mientras que las declaraciones de la hermana de la víctima en las que indicaba que había visto al acusado con el dueño de la pizzería en la que trabajaba han sido negadas por éste, el cual aseguró que no le había visto nunca".

Por otra parte, aseguró que "ingresar dinero en España sin justificar no es delito y, por supuesto, no tiene que significar necesariamente que se trata de una recompensa". Respecto a las colillas, el letrado señaló que "cualquiera que ha cometido une elito puede poner las colillas de otro en el lugar del crimen para inculparle".