Un apacible chalé de Riba-roja era, desde hace al menos dos años, uno de los principales centros de blanqueo de dinero del narco de narcos Luis Agustín Caicedo Velandia, Don Lucho, responsable del 45% de la cocaína que entra en Estados Unidos. Así ha sido durante los últimos años, hasta que hace tres semanas el grupo de blanqueo de capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a la máxima responsable de la trama valenciana de lavado de dinero, la exnovia colombiana de Don Lucho y madre de uno de sus hijos, detenida junto con otras ocho personas en la "Operación Ánimas Blancas".

La trama es responsable de haber lavado una ingente cantidad de dinero procedente del boyante negocio de Caicedo, considerado por los agentes antidroga de Estados Unidos y Colombia como el mayor narcotraficante del mundo. El cártel de cárteles.

Las cifras son abrumadoras: Don Luis o Lucho, está acusado de haber introducido en Estados Unidos en apenas cuatro años 912 toneladas de cocaína a través de los dos mayores cárteles de Méjico -el de Sinaloa y el de Beltrán Leyva-y de haber lavado 10.500 millones de dólares -unos 7.235 millones de euros- en un plazo de sólo cinco años.

El 12 de abril de 2010, Luis Caicedo, un antiguo investigador de la Fiscalía General de Colombia que decidió cambiarse de bando, era apresado en Argentina por agentes de la estadounidense Drugs Enforcement Agency (DEA). El mayor narco colombiano del mundo se había refugiado en el cono sur, desde donde seguía dirigiendo el negocio del lavado de dinero y gestionando el envío de cientos de contenedores con cocaína a Estados Unidos, pero también a Europa.

Tras su captura e inmediata extradición a Estados Unidos, donde continúa preso, el negocio pasó a manos de uno de sus principales lugartenientes, hermano de su novia Alba, que en ese momento ya se había instalado en el chalé de Riba-roja.

Rodeada de lujos y escoltas

Desde allí, según ha quedado acreditado con las investigaciones realizadas por la UCO, Alba ha estado blanqueando cientos de miles de dólares y de euros que su hermano le enviaba desde distintos lugares del mundo -principalmente Colombia, Méjico y Panamá-, a través de sociedades interpuestas que simulaban operaciones comerciales entre ellas.

Mientras vivía bajo la constante protección de los guardaespaldas que le había cedido Don Lucho y con un opulento tren de vida, Alba, madre de un hijo habido con el todopoderoso Caicedo, dirigía sin titubeos, según la Guardia Civil, una de las redes de blanqueo más activas del cártel de El Dorado, como se conoce al emporio del narco encarcelado desde hace un año en Estados Unidos.

La mujer había montado supuestamente cuatro sistemas de lavado: compra de oro, inversión inmobiliaria, préstamos usureros y financiación oculta de empresas en quiebra. Para el primero, había montado una compra-venta de oro en el centro de Alicante, donde su gente adquiría oro a personas en situación económica delicada, lo que les permitía negociar a la baja. Después, falseaban los libros de registro y fundían el metal precioso en lingotes, que además trataban con ácidos para falsear la superficie y darle apariencia cobriza. De este modo, podían enviarlo a otros países sin temor a que un registro policial aleatorio descubriese que era oro.

El segundo sistema consistía en invertir en "ladrillo". Así, gestionaron dos promociones en Ibiza y compraron inmuebles en Valencia y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), entre otros lugares.

La práctica de la usura

El tercer sistema consistía en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria a clientes desahuciados por la banca tradicional. Sin embargo, la trampa para ellos era mortal: les obligaban a devolver el dinero -entre 20.000 y 70.000 euros, de media- en un plazo máximo de 18 ó 24 meses, y les cobraban intereses usureros de hasta el 20%.

Por último, habían ideado un cuarto sistema que consistía en ofrecer préstamos a empresas en situación de quiebra técnica. El dinero que les dejaban, retornaba a las arcas de la exmujer de Don Lucho bajo el camuflaje de un salario. Para ello, Alba era "contratada" legalmente como comercial o asesora de márketing, trabajo que por supuesto no desempeñaba, y que le permitía recibir mensualmente el dinero más los intereses pactados.

La mayoría de las víctimas, entre ellas un par de empresarios que se sometieron a este último método, eran valencianos o, al menos, residentes en distintos puntos de la provincia y del cap i casal.

Durante la operación policial, los agentes han intervenido inmuebles valorados en 12 millones de euros, 15 vehículos de gama alta, casi un millón y medio de euros en metálico y cuentan bancarias con saldos millonarios.