La Guardia Civil de Teruel, en el marco de la «Operación Convector», ha desmantelado el mayor entramado criminal dedicado al tráfico ilícito de medicamentos a nivel nacional, que se abastecía de dos almacenes mayoristas de medicamentos, ubicados en la provincia de Valencia, que ya habían sido registrados por hechos similares tras la denuncia de una farmacia de Pamplona (Navarra).
Los agentes han detenido a 30 integrantes de la red y han imputado a otros dos. Asimismo, se han llevado a cabo 28 registros en Zaragoza, Teruel, Barcelona, Granada, Málaga y Valencia, de farmacias, almacenes de distribución de medicamentos y domicilios de los ahora detenidos.
Solo en las farmacias investigadas de Aragón se ha detectado la venta ilícita de más de 123.000 envases, con una facturación superior a 1.460.000 euros. La investigación se inició por un informe del Servicio Aragonés de Salud a raíz de la «Operación Pharmakon» que destapó el desvío de fármacos del circuito legal para venderlos fuera de España a un precio muy superior. Esas exportaciones irregulares han provocado el desabastecimiento en España, lo que puede haber dejado a algunos pacientes sin su medicación y haber puesto en riesgo su salud.
Tras analizar la actividad de las 739 farmacias de Aragón, los agentes sospecharon de la implicación de 14 farmacias de Teruel y de Zaragoza en el tráfico ilícito de medicamentos. Estas boticas actuaban junto con dos almacenes de distribución mayorista de medicamentos, ubicados en Granada y Santa Co-loma de Gramenet (Barcelona), que tras registrarlos se precintaron.
Además, se abastecían de los dos almacenes mayoristas, ubicados en Valencia al menos uno de ellos, en Alboraia, que ya habían sido registrados por hechos similares tras la denuncia de una farmacia de Pamplona en la Operación Pharmakon. Asimismo, se detuvo al encargado de captar a los farmacéuticos y facilitar los contactos necesarios para desviar los medicamentos del canal legal que residía en Tortosa (Tarragona).
Por otro lado, se registraron farmacias en Zaragoza y se localizaron en Granada y Málaga otros tres almacenes que constituían el último escalón de la estructura de cada grupo detectado antes de la salida del medicamento hacia el extranjero.
La red simulaba una venta legal de un distribuidor o un laboratorio a una o varias farmacias. Éstas, junto con otro almacén distribuidor, se quedaban con un pequeño número de medicinas para dispensarlas a los pacientes y el resto eran desviados al almacén distribuidor, desde donde se enviaban a la venta en países de la UE (Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Austria y Grecia) y terceros países, lo que les permitía obtener un beneficio de hasta el 800 %.
La red obtenía los medicamentos en las farmacias, puesto que el precio de los fármacos dispensados en España es mucho más barato que los que se destinan a la venta mayorista en el extranjero, pese a que la ley prohíbe a las boticas vender a los almacenes y les obliga a expender solo a particulares como cliente final.
La trama contaba con listados de fármacos trabajaban bajo demanda y en ocasiones camuflaban las ventas como productos de parafarmacia u ortopedia. Parte de los medicamentos eran enviados a distintos almacenes para que se perdiera el rastro y otros, expendidos a «bolseros»: falsos clientes que compraban decenas de fármacos en las farmacias implicadas y las llevaban en bolsas adonde les ordenaban.
