La Operación Themis desarrollada entre el 11 y el 13 de este mes contra las emisiones piratas de partidos de fútbol en los bares, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV, se ha saldado con la imputación de 800 dueños de establecimientos en toda España. Según informó ayer el Ministerio del Interior, la operación, coordinada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, implicó inspecciones en casi 2.000 bares y establecimientos de ocio, de los que solo el 60 por ciento fue sorprendido emitiendo ilegalmente la señal de televisión de los partidos de la Champions y la Europa League que se disputaron esos días.
La operación policial tiene su origen en la denuncia interpuesta el 27 de noviembre por el asesor de Seguridad de LaLiga, Florentino Villabona -antiguo segundo máximo responsable de la Policía Nacional con el Partido Popular y que fichó como alto ejecutivo con ese organismo tras jubilarse-, contra 1.600 bares y casas de apuestas por no atender a los requerimientos de la LFP tras descubrir que estaban emitiendo los partidos sin haber pagado el correspondiente canon.
La operación, que implicó a cientos de policías nacional en toda España, consistió en visitar esos establecimientos entre las 22.00 horas del 11 y las 0.00 horas del 13 -cuando se emitían los partidos de las ligas europeas- para sorprenderlos in fraganti y poder imputarles un delito contra la propiedad intelectual.
Sin embargo, poco más de la mitad de los 'sospechosos' tenía puesto el fútbol en ese momento. Muchos incluso estaban cerrados ese día. Aún así, han sido alrededor de 800 los propietarios investigados no detenidos que desde hace unos días han comenzado a desfilar por las dependencias policiales para declarar por ese presunto delito. A todos ellos les fue confiscado el decodificador 'vitaminado', en términos policiales, que les permitía proyectar los partidos sin pagar gracias que tenían falsificado el firmware (el soporte lógico del programa informático).
La policía recuerda en su comunicado que, además del perjuicio económico a LaLiga, a los clubes y a los teleoperadores, esa práctica perjudica « a los dueños de otros establecimientos públicos que sí pagan las correspondientes tarifas».
