Un policía que lideraba una banda de narcos se enfrenta a 20,5 años de prisión

Veinte años y seis meses de cárcel. Esa es la pena a la que se enfrenta un policía nacional detenido en noviembre de 2016 por supuestamente liderar una red que se dedicaba a la venta de cocaína en Alfara de la Baronia y València y que ha sido juzgada esta semana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de València.

César G. M., destinado en los vehículos radiopatrulla de Seguridad Ciudadana, fue apresado junto a otras doce personas el 17 de noviembre de 2016 tras varios meses de investigación a cargo de la unidad de asuntos internos (UAI) de la Policía Nacional, que había recibido una información desde la Jefatura Superior de Policía de València alertando de que existían serias sospechas de que se dedicaba al tráfico de drogas.

Los doce acusados -para alguno de los detenidos se sobreseyó la causa durante la instrucción llevada a cabo por la titular del Juzgado número 8 de València- se han sentado ahora en el banquillo en un juicio que vivió ayer su última sesión, con las conclusiones de las partes.

La Fiscalía ha optado por mantener las acusaciones y las peticiones de condena para los doce acusados, mientras que varias defensas han planteado la nulidad de la causa por distintas razones. El letrado del policía, por su parte, ha planteado una pena alternativa con una considerable reducción de respecto de los veinte años y medio de prisión que solicita el ministerio público al entender que los delitos que se le imputan fueron cometidos en su tipo básico.

César G. M., a quien la fiscalía considera «el nexo de unión» entre todos los imputados y la persona que «coordinaba la labor» de todos los demás -le atribuye, así, la jefatura del grupo-, está acusado de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia, por el que le pide 8 años de cárcel; pertenencia a grupo criminal (1,5 años); depósito de armas de guerra en calidad de promotor (7 años); y revelación de secretos (4 años).

Durante el registro practicado en su domicilio, los agentes de asuntos internos encontraron casi 100.000 euros en metálico, ocultos en paquetes dentro de los conductos de la ventilación, en el doble fondo de un armario y en la cocina. Además, guardaba en casa una balanza de precisión y un puño americano, catalogado como arma prohibida.

Pero eso no fue todo. En casa de otros de los acusados fue encontrado un subfusil micro UZI manipulado para disparar munición del calibre 9 mm parabellum -en el que no funcionaba el sistema de disparo en ráfagas-, con un cargador con 32 cartuchos y un cañón de arma corta de 116 mm. Todo ello era, al parecer, propiedad del policía.

Al grupo le fueron intervenidos casi 5 kilos de cocaína, parte de ella aún en paquetes de kilo que fueron hallados en una vivienda que supuestamente custodiaba el suegro de un primo del agente -ambos en el banquillo, también-.

El fiscal mantiene que el policía, a quien le atribuye la revelación de secretos por realizar al menos dos consultas en bases policiales -utilizando además las claves de sendos compañeros- para pasarle información a dos de los coacusados en esta trama, se valió de los «conocimientos generados por su profesión» para coordinar al grupo, bien realizando gestiones con un mecánico para preparar los dobles fondos de los coches, contratando líneas telefónicas, coordinando el transporte de la droga al piso de seguridad y la posterior distribución, tanto con el grupo que la vendía en València como con el de Alfara.