La operación policial coordinada que esta semana se saldó con siete detenciones en Calp (Alicante) y Gavá, (Barcelona) ha permitido desarticular una red acusada de haber blanqueado más de diez millones de euros a través del transporte ilegal de armamento y explosivos desde Europa hasta diferentes países de África y Oriente Medio, especialmente a zonas en conflicto. La organización, integrada por ciudadanos de origen ruso y de otros países del este, fletaba buques mercantes para camuflar la actividad ilícita.
Una disputa entre cabecillas provocó una fisura y permitió a los agentes intervenir el pasado lunes, tal y como adelantó este diario, tras una investigación iniciada en 2018.
La trama es de película. La organización, ahora dividida por la pelea entre dos de sus miembros con más poder, hacía gala de su capacidad de operación internacional a través del Mediterráneo con episodios tan singulares como el transporte de carros de combate, o la planificación de la fuga del capitán de uno de los cargueros, que había sido detenido por las autoridades griegas por contrabando de armas.
Compraventa de armamento ruso
Los miembros de la red operaban desde España y colaboraban en la compraventa de armamento ruso que viajaba dentro de cargueros fletados desde España junto a otro armamento, este sí de origen lícito, con el que camuflaban la procedencia del cargamento ilegal, según los investigadores.
Las medidas de seguridad que guardaban los líderes para ocultar su actividad de contrabando de armas y de blanqueo de capitales eran máximas, pero la disputa interna, protagonizada por extorsiones y amenazas mutuas, y que buscaba obtener el control de las rutas marítimas utilizadas en los envíos de armas procedentes de Ucrania a diferentes destinos, principalmente países del norte de África y otros en conflicto de Oriente Medio. Este pulso provocó una escisión de la estructura criminal en dos facciones que, por separado, continuarían con las actividades delictivas.
La organización generaba grandes beneficios que eran introducidos en el sector económico nacional. Para dotarlos de apariencia legal,su modus operandi consistía en domiciliar los cargueros en paraísos fiscales.
