Entre 800 y 900 euros por la tramitación de su certificado de Número de Identificación de Extranjero (NIE) con el que poder regularizar su situación en el país. Ese era el importe que pagaban las víctimas de la organización criminal que introducía a ciudadanos de Europa del este como turistas y que mediante documentación falsa los registraba a través de la oficina de Extranjería de la comisaría de Alzira, en la que estaba destinado el policía procesado ahora como uno de los presuntos cabecillas de esta trama, junto con su pareja, abogada y propietaria de una gestoría en este mismo municipio, y de un ciudadano eslovaco de 38 años. Así lo han declarado algunos de los afectados, que eran a su vez explotados laboralmente con sueldos mínimos —menos de 400 euros al mes— en Empresas de Trabajo Temporal, por otros miembros de esta red desarticulada en junio de 2018. Teniendo en cuenta que se han detectado al menos 476 tramitaciones fraudulentas, los beneficios de la organización podrían rondar el medio millón de euros.
Las investigaciones realizadas por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional permitieron destapar esta trama y arrestar a un total de catorce personas por su distinta participación en el reparto de tareas de la organización que captaba a sus víctimas en sus países de origen con la inserción de anuncios en internet en los que garantizaban un trabajo en España y la regularización inmediata de su documentación.
El Juzgado de Instrucción número cuatro de Alzira ha levantado ahora, tras más de dos años, el secreto de las actuaciones y ha procesado a los catorce investigados, entre los que se encuentran el policía nacional, de 62 años, y su compañera sentimental, encargada de contactar con los interesados y de cobrar por la tramitación. Como informó ayer en exclusiva Levante-EMV, el juez procesa al policía por un delito de dirección de organización criminal, y por los delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, prevaricación, cohecho y falsificación de documentos públicos.
Entre los indicios que hicieron sospechar a los investigadores está el gran número de registros de NIE realizados a lo largo de 2017 en la comisaría local de Alzira, por encima incluso de toda la unidad de Extranjería de València, que cayó coincidiendo con el traslado de este policía a otra unidad. Además, comprobaron que los registros se hacían fuera del horario de atención al público y que las fechas de muchos de ellos eran de días anteriores al pago de las tasas, cuando el habitual trámite consiste en realizar la solicitud, pagar la correspondiente tasa y posteriormente presentar el justificante en la comisaría.
