La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado la búsqueda y detención de un joven acusado de violar a una chica en un domicilio de València en diciembre de 2020 junto con otro amigo también procesado por esta doble agresión sexual. Ambos se enfrentan a 22 años de prisión e iban a ser juzgados esta mañana, pero uno de los acusados está en paradero desconocido y el juicio ha tenido que ser suspendido hasta que el fugitivo sea arrestado de nuevo y puesto ante la Justicia.

Los hechos denunciados en su día por la víctima se produjeron en la madrugada del 15 de diciembre de 2020 cuando los dos acusados, de nacionalidad colombiana, se aprovecharon del estado de embriaguez de la joven para agredirla sexualmente en el cuarto de baño de una vivienda de València donde estaban de fiesta. El procesado sobre el que pesa la orden de busca fue el primero que forzó a la joven tras seguirla hasta el aseo y cerrar la puerta. Posteriormente, el otro acusado entró en el baño y después de que su amigo consumara la violación le sustituyó, y de forma incluso más violenta que el anterior, según detalla el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, también la violó.

Su compañero, mientras se producía esta segunda violación, estaba vigilando en la puerta para que ninguna de las otras personas que estaban en ese momento en el inmueble, citados como testigos, entraran y se interpusieran en sus lascivos planes. Además, una vez consumada la doble agresión sexual, éste trató de inmovilizar a la víctima para que le hiciera una felación a su amigo.

La policía encontró restos biológicos en la ropa interior de la víctima y en su vagina, que tras ser analizados permitieron identificar mediante ADN al acusado que actualmente se encuentra en paradero desconocido. Mientras que contra el otro procesado no hay pruebas incriminatorias de ADN porque no llegó a eyacular.

Ambos fueron detenidos y el juez acordó una orden de alejamiento de 200 metros respecto de la víctima. Al encontrarse en libertad a la espera de juicio, uno de ellos habría aprovechado para huir para tratar de eludir las elevadas penas a las que se enfrentan.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos 22 años de prisión, once por cada delito de agresión sexual con acceso carnal, como autor material el uno y como cooperador necesario el otro en una de las violaciones y a la inversa en la segunda. Además pide que se les imponga una prohibición de aproximarse y comunicarse con su víctima durante un plazo de quince años y una medida de diez años de libertad vigilada o bien su expulsión del territorio nacional. En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía les exige el pago de una indemnización de 15.000 euros por las lesiones y secuelas que sufrió la agredida.