La Fiscalía de Menores acaba de recurrir de urgencia la puesta en libertad vigilada de los cinco menores detenidos por la violación grupal de una niña de 13 años y la violación individual de otra menor de 12 años. La fiscal de Menores de guardia acaba de presentar el recurso en apelación, en el que solicita la revocación de la decisión de la magistrada y el inmediato internamiento de cuatro de los cinco acusados.
La fiscal había instado el jueves el internamiento cautelar en un centro en régimen cerrado para cuatro de los arrestados, mientras que para el quinto pedía libertad vigilada con orden de alejamiento. Pese a que en un primero momento la jueza de Menores número 2 de València accedió verbalmente a la propuesta de la Fiscalía, dio un giro y, a última hora de la noche, optó por dejarlos a todos en libertad.
El recurso presentado se basa en los propios argumentos que la jueza expuso en los autos de libertad, donde ya reconocía "indicios racionales de comisión de delito" y "factores de riesgo". Pero, además, alude a la "especial vulnerabilidad de las víctimas" de las agresiones sexuales (de 12 y 13 años de edad) y que los hechos denunciados son "de extrema gravedad", tanta, que "llevan aparejadas penas muy altas", lo que podría aumentar el riesgo de que se fugaran antes de que se celebre el juicio.
Pese a que la jueza reconocía ya esos «factores de riesgo», la magistrada consideró que «no es el momento procesal para adoptar una medida cautelar tan gravosa» como es el internamiento en régimen cerrado de los menores detenidos.
Asimismo, aunque en los autos de libertad no cuestiona abiertamente la credibilidad de las víctimas, la jueza sí que hace referencia a cuestiones aportadas por los letrados de la defensa como las «contradicciones aparentes» de las niñas o «unos mensajes de Whatsapp», que deberán ser analizados en una fase más avanzada.
Así, pese a que «racionalmente» aprecia indicios del delito cometido, la jueza valora también la situación social y educativa de los presuntos agresores, a los que califica de «ociosos» y bajo un «estilo educativo familiar laxo y permisivo», con «baja interiorización de las normas». Como si ello les eximiera de responsabilidad o fuera una circunstancia atenuante, y apunta a unas medidas de seguimiento educativo.
Tal como ha informado hoy este diario, tras un sorprendente cambio de los acontecimientos, que pilló por sorpresa tanto a los familiares de los investigados como a sus propios letrados, a quienes ya les habían notificado verbalmente que cuatro de ellos se iban internos a un centro en régimen cerrado y solo uno quedaba libre, como había solicitado la Fiscalía de Menores, la titular del Juzgado de Menores número dos de València hizo un quiebro y, haciendo caso omiso a la solicitud de la fiscal, acordó la libertad vigilada de los cinco jóvenes, tres de ellos de 16 años, otro de 15 y otro más de 17.
