La publicación del vídeo de las menores víctimas de la violación grupal de Burjassot, y los comentarios y mensajes de odio contra las niñas derivados a raíz de su difusión en redes sociales, concretamente a través de la cuenta de Twitter de Cristina Seguí, cofundadora de Vox, ha derivado en una investigación penal abierta de oficio por la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia.
La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal contra Seguí para esclarecer los hechos, que podrían ser constitutivos de delitos contra la intimidad, una posible revelación de secretos y a su vez habría promovido presuntamente los mensajes de odio contra las propias víctimas de la agresión sexual, de doce y trece años.
Esta investigación penal abierta ayer por la Fiscalía Provincial de Valencia se suma a la denuncia de la asociación de consumidores FACUA. De hecho la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió una resolución en la que estima que existen «indicios racionales de vulneración» del reglamento general de protección de datos en la difusión del vídeo de las menores víctimas de la violación grupal en Burjassot, y en la que requería a Seguí para que borre dichos contenidos.
De hecho la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió una resolución en la que estima que existen «indicios racionales de vulneración» del reglamento general de protección de datos en la difusión del vídeo de las menores víctimas de la violación grupal de Burjassot, y en la que requería a Seguí para que borre dichos contenidos.
Sin embargo, lejos de retirar el vídeo, la presidenta de la asociación de extrema derecha Gobierna-te, ha seguido a lo largo de estos días vertiendo comentarios contra las víctimas, tratando de desacreditar su relato -sin que ni siquiera se les haya tomado todavía testimonio mediante cámara Gesell- amparada en el hecho de que los vídeos fueron subidos de forma voluntaria por las niñas -lo cual no la exime al tratarse de menores-.
Es más, los comentarios de las adolescentes lo único que demuestran es la falta de madurez propia de la edad y que cada víctima establece sus propios mecanismos de defensa ante un hecho delictivo tan grave como una violación, sean conscientes o no de su gravedad.
Los cinco menores detenidos por la agresión sexual grupal se encuentran en libertad después de que la jueza de Menores número dos de València no acordara su internamiento, pese a la solicitud de la Fiscalía de Menores, que recurrió dicha decisión, y adoptara únicamente como medida cautelar una orden de alejamiento de 200 metros y prohibición de comunicación con sus víctimas.
