Víctimas de la secta de Castellón urgen que la persuasión sea delito

La operación de la Guardia civil que permitió desmantelar una secta en la Pobla Tornesa (Castellón) ha trascendido ahora, pero se llevó a cabo en marzo, tras la denuncia de unos padres de un chico y una chica que fueron captados. A finales del mes de enero, una de las víctimas de este grupo psicoterapéutico puso en marcha una campaña de recogida de firmas en Change.org para reclamar a los partidos políticos que incorporen la tipificación penal de la persuasión coercitiva amparándose en los estudios científicos en Psicología, Sociología y Derecho que avalan su naturaleza criminal.

«Hemos vivido estas experiencias con auténtico terror, que aún sigue en nuestros cuerpos. El chantaje emocional y la persuasión coercitiva que han ejercido nos han destrozado nuestra personalidad», se narra en el texto que acompaña la petición de firmas que ya supera las 41.000 rúbricas de las 50.000 que se quieren alcanzar.

«Muchas veces el responsable de hecho o de derecho de un grupo de estas características desarrolla actividades orientadas a crear, mantener o explotar el estado de sujeción psicológica o física de las personas que participan en las mismas para beneficio propio o del entramado organizado», se recoge.

«Hay miles de víctimas en España y en todo el mundo que denuncian anualmente abusos perpetrados por personas o grupos aprovechándose de la confianza y de su autoridad incriticable, sin embargo, la mayoría de casos se archivan o no llegan a juicio, en otro caso, la familia de la víctima no encuentra amparo legal, se destruyen familias enteras y en muchos casos llegan a tener graves problemas psicológicos e ideas suicidas», alerta esta víctima.

A este fenómeno se la ha denominado de diversas formas, como lavado de cerebro o reforma del pensamiento, pero en las últimas dos décadas se le ha empezado a denominar manipulación psicológica o persuasión coercitiva. En España, el art. 515.2º Código Penal establece que son «punibles» las asociaciones ilícitas que empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para la consecución de sus objetivos.

Sin embargo, este delito nunca ha sido aplicado en España en casos de relaciones o grupos coercitivos, «lo que precisa de una regulación legal que de forma clara criminalice aquellos casos en los que se ejerza la persuasión coercitiva».

Otros países europeos, como Francia o Bélgica, sí que criminalizan esta circunstancia en cualquier tipo de relación social. Además, recientemente, el Tribunal Supremo, en una sentencia, ha definido por primera vez «persuasión coercitiva» siguiendo las recomendaciones de la doctrina penal apoyada en la psicología especializada.

«Se aprovechan de los pacientes»

El Observatorio Español sobre Derivas Sectarias, RedUNE, advirtió a finales del año pasado de la existencia de esta secta en la Pobla Tornesa. Su presidente, Juantxo Domínguez, lamentó que la gente siga teniendo miedo a levantar la voz a la hora de denunciar a grupos coercitivos.

«Esta pareja de pseudoterapeutas se aprovechan de la vulnerabilidad de pacientes, que lo que más necesitan es ayuda, confidencialidad y profesionalidad acreditada», explicó.